La Justicia condenó a diez años de prisión a Jessica Judith Díaz, de 19 años, la joven trans que mató a Joaquín Ibáñez el 1 de septiembre pasado a la salida del boliche Gala, en Francisco de Aguirre al 500.

Díaz reconoció ser la autora del crimen y, a cambio, ofreció un acuerdo de juicio abreviado que fue aceptado por la Fiscalía de Homicidios a cargo de Carlos Sale. La familia de la víctima se opuso, por considerar que la pena acordada era muy baja. En una primera instancia, la jueza Judith Solórzano escuchó el pedido de la madre y la hermana del fallecido y rechazó el acuerdo, ordenando que la causa se dirima en un juicio oral y público.

Sin embargo, la joven acusada apeló el rechazo y se dirigió al Tribunal de Impugnación. Allí consiguió el fallo que esperaba: ayer por la mañana, la jueza Julieta Casas aceptó el acuerdo y condenó a Díaz a diez años, pese a la oposición de la familia del fallecido.

“Estamos destruidos, sinceramente toda mi familia está mal. Nosotros teníamos el derecho de llegar a un juicio oral y allí exponer por qué consideramos que la vida de mi hermano vale más de diez años”, dijo Alejandra Ibáñez, hermana de la víctima. “La jueza consideró que merecía una pena baja porque es joven y no tiene antecedentes, pero mi hermano también: tenía 22 años y toda una vida por delante. La verdad, siento que la Justicia no sirve para nada”, se lamentó.

Joaquín Ibáñez fue abordado en banda el año pasado, cuando salía del boliche. En medio de gritos y empujones, el grupo agresor lo siguió a él y a sus amigos. Díaz extrajo un cuchillo y lo apuñaló, abandonándolo en el lugar. Cuando la familia se enteró de lo ocurrido, también tomó conocimiento de que la persona que lo había asesinado se autopercibía mujer y se presentaba como Jessica Judith Díaz. Desde entonces, quedó alojada en un sector especial de Villa Urquiza, destinado a personas trans.

“Nosotros no entendemos cómo puede ser que la palabra de la familia de la víctima no valga nada, cómo pueden arreglar una pena la Fiscalía con el acusado sin nuestro consentimiento, cómo nos pueden negar lo que la ley nos garantiza: un juicio oral y público, donde poder presentar pruebas y ser escuchados”. concluyó Alejandra, en representación de la familia del joven asesinado.