Una presunta estafa millonaria que involucra a una financiera ubicada en pleno Barrio Sur de San Miguel de Tucumán continúa bajo investigación judicial. Este martes 22 de abril, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I imputó por el delito de estafas reiteradas a la ex esposa del titular de la firma, y solicitó medidas de coerción en su contra.

Según la acusación, la pareja presentaba un esquema de “mutuos onerosos”, mediante el cual captaban capitales de clientes con la promesa de devolverlos con intereses pactados. Para aparentar solvencia y atraer nuevos inversores, ambos diseñaron una estrategia basada en contratos, cheques de garantía y maniobras legales. Sin embargo, los cheques eran librados desde cuentas bancarias cerradas y las devoluciones nunca se concretaron.

La fiscalía detalló que, aproximadamente desde 2021, los imputados comenzaron a ejecutar un plan para proteger su patrimonio: simularon una cesión de acciones a un tercero (que nunca se inscribió en el registro público) y montaron un juicio de divorcio en sede civil, aun sabiendo que la empresa atravesaba una situación financiera crítica. Desde junio a diciembre de 2023, dejaron de cumplir con lo pactado, evadiendo los reclamos de los clientes y simulando un cierre de las oficinas para desentenderse de sus obligaciones.

Durante su declaración, el acusado pidió disculpas públicas a las víctimas y aseguró que “el negocio se le fue de las manos”, afirmando que intentó remediar la situación. La fiscal Bellomio desestimó sus palabras y recordó que varias víctimas fallecieron esperando recuperar sus ahorros. “Una de ellas murió a causa de una enfermedad mientras esperaba el dinero que necesitaba para su tratamiento”, señaló.

La audiencia, convocada para declarar legal la detención de la mujer, formular cargos y revisar la situación procesal de ambos implicados, fue presidida por el juez interviniente, quien dispuso el arresto domiciliario de la imputada por cuatro meses, con tobillera electrónica y rondas policiales aleatorias. Además, prorrogó la prisión preventiva del acusado principal —dueño de la financiera— por el mismo período.

La auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, en representación del Ministerio Público Fiscal, acusó a la mujer de actuar como coautora en una maniobra fraudulenta que ya cuenta con 32 víctimas identificadas, quienes habrían invertido grandes sumas de dinero —en pesos y dólares— en la financiera que operaba en un edificio de calle Lamadrid al 456.

Actualmente, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) continúa analizando discos, documentos y otros elementos secuestrados durante los allanamientos.