Una interna a cielo abierto del Gobierno posó todas las miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que las irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.

Una interna a cielo abierto del Gobierno posó todas las miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo. Los prestadores advierten que las irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.

A pesar de que gran parte de la discusión pública se posó sobre el pedido de aportes a empleados públicos para financiar a La Libertad Avanza, hay una trama de negocios mucho más importantes que incluye compras sin licitación, proveedores recurrentes y sobreprecios. Todo se hace con el argumento de la urgencia porque los pacientes corren riesgo: se llama la “vía de excepción”.

“Cuando llegamos nos sorprendió que había muchísimos trámites de este tipo”, contó a este medio el exrepresentante de una sede del organismo en territorio bonaerense y siguió: “Como soy médico, después de un tiempo me puse a revisar algunos casos y me di cuenta que en la mayoría no había riesgo de vida”.

La fuente consultada por Ámbito dijo que “al tratarse de supuestas urgencias, se pagaban sobreprecios de hasta el 700%”. Un punto de inflexión se dio cuando el médico encontró un pedido de biopsia para un tumor benigno. Al no haber urgencia, rechazó el mecanismo y revisó las solicitudes: “Pasamos de tener siete pedidos diarios a uno semanal”, remarcó.

“Todo se arreglaba en PAMI central”
La exfuncionaria del PAMI en La Plata, Viviana Aguirre, presentó una denuncia ante la Justicia por este y otros mecanismos de defraudación. “Nosotros lo único que teníamos que hacer era firmar, pero todo se arregla en PAMI central”, dijo en diálogo con C5N. Sobre este punto remarcó: “Había sobreprecios en todo, en las prótesis, en los marcapasos, en los traslados, todo se justificaba con el riesgo de vida”.

En Caleta Olivia también denunciaron un mecanismo de recaudación. “Le pidieron el 10% a una médica, viajé a Buenos Aires, estuve hablando con Esteban Leguizamo antes de realizar la denuncia, le comenté sobre esta situación y él me dijo que no se podía hacer nada porque estas cosas se definen políticamente”, dijo Sergio Torres extitular del PAMI en esa localidad.

Torres también señaló que las vías de excepción se manejaban desde la sede central con discrecionalidad: “Cuando vuelvo a Santa Cruz pasó a estar frizado y eso me ocasionó problemas en el día a día porque las autorizaciones, solamente las puede aprobar Leguizamo”, dijo en una entrevista con Radio con Vos

Débitos automáticos y crisis de prestadores
Mientras se multiplican las denuncias, los prestadores aseguran que el sistema está en crisis. “La demanda es incontenible, son millones de jubilados que no tienen suficiente oferta y te llenan la agenda, eso estaría bien si se actualizaran los honorarios de acuerdo a la inflación, pero en el último año no paramos de perder, el último aumento de la consulta fue de $270”, dijo el titular de un centro de salud que atiende a 3.500 pacientes por mes.

El y otros empresarios del Gran Buenos Aires denuncian que desde hace meses el PAMI les hace retenciones indebidas. “Son débitos automáticos con conceptos absurdos, así te retienen el 10% de toda la facturación y se repite en cada período con débitos gemelos, es increíble”, explicó una de las fuentes consultadas.

Ámbito accedió a la documentación en la que se repite el concepto “prácticas excluyentes”, sobre una serie de renglones de facturación, sin más explicación. Según los prestadores, con esta retención del 10% la rentabilidad está al límite y por eso priorizarán atender a otras obras sociales: “No hay plata para los jubilados, no hay plata para los médicos, que les pagan $6.800 pesos la consulta, están tomando al PAMI como una caja política”, concluyó el empresario bonaerense.