Dos allanamientos realizados el pasado martes en distintos puntos de la zona sur de San Miguel de Tucumán permitieron secuestrar armas de fuego, municiones y droga, en el marco de denuncias por amenazas a menores de edad y violencia entre familias vecinas. La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal interviniente tras una serie de hechos que incluyeron amenazas con armas apuntadas a la cabeza de niñas.

“Una mujer se cansó de ver cómo sus hijas eran amenazadas con armas de fuego en la puerta de su casa y decidió denunciar. Gracias a su valentía y a una rápida actuación policial, hoy esas armas están fuera de circulación”, explicó el comisario inspector Walter Salvatierra, jefe de Zona III de la Unidad Regional Capital.

Los hechos denunciados ocurrieron en calle Eudoro Aráoz al 1.000, donde, según la víctima, se produjeron al menos dos episodios violentos. La Comisaría Novena llevó adelante la investigación, reunió pruebas y obtuvo autorización judicial para allanar una vivienda en calle Juana de Artaza al 400. Allí, los efectivos secuestraron un revólver calibre 38, municiones del mismo y de otros calibres, cargadores, y 120 gramos de picadura de marihuana, con intervención de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) y la Fiscalía de Narcomenudeo.

Además, los uniformados notificaron a los acusados sobre una prohibición de acercamiento en favor de las víctimas.

En paralelo, y dentro de la misma jurisdicción, efectivos de la Comisaría Trece realizaron otra medida judicial en el Barrio 23 de Febrero, tras una denuncia por amenazas con arma de fuego ocurridas el 7 de mayo. En ese hecho, una mujer denunció que varias personas irrumpieron en su casa y la amenazaron por conflictos vinculados a su hijo. Allí se secuestró una escopeta de fabricación casera, conocida como “tumbera”, y municiones. Un hombre quedó demorado hasta tanto se confirme su planilla de antecedentes.

“Estas medidas son parte de un trabajo constante para retirar armas ilegales de las calles, en línea con lo dispuesto por el gobernador de la provincia y el ministro de Seguridad”, concluyó Salvatierra, quien supervisó los procedimientos junto al comisario general Eduardo Luna, jefe de la Unidad Regional Capital.