La situación en Alberdi ha tomado un giro significativo tras la reciente orden de investigación sumaria en contra del intendente Luis “Pato” Campos. Esta acción judicial se desencadenó por la viralización de un audio que ha suscitado controversia y ha puesto en el centro de la atención pública la relación entre funcionarios locales y actividades ilícitas. El origen de la investigación se encuentra en un audio grabado por el empresario Roque “Chiqui” Jiménez, el cual expone supuestos vínculos entre funcionarios de la municipalidad y la comercialización de drogas, así como irregularidades en la ejecución de obras públicas y posibles casos de lavado de activos.
La conversación grabada ha sido objeto de análisis por parte de la justicia, que ha tomado medidas inmediatas ante su difusión. A raíz de esta grabación, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, decidió actuar de oficio, lo que llevó a la presentación de un expediente en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial de Concepción. Paralelamente, los concejales opositores Luis María Díaz Augier y Augusto Díaz Chalero solicitaron formalmente que se iniciara una investigación, respaldando la necesidad de esclarecer los hechos denunciados. El juez Fabían Rojas, tras revisar los indicios presentados, consideró pertinente abrir una investigación en contra de Campos.
Se solicitó la autorización necesaria para investigar a un funcionario provincial, lo que fue concedido y la causa fue derivada a la fiscala Regional de Concepción, Mónica García de Targa. Campos es investigado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros delitos que puedan surgir durante el proceso de investigación. El tiempo otorgado para la investigación es de 45 días, aunque este plazo puede ser ampliado si la fiscala presenta una justificación adecuada. Además, se autorizó la realización de allanamientos en los domicilios de Jiménez, donde se buscó recopilar información relevante, incluyendo dispositivos electrónicos y documentación relacionada con contratos de obras públicas.
Hasta el momento, se han incautado dos celulares que serán objeto de análisis, aunque no se han emitido órdenes de detención contra Campos ni Jiménez. Además, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz ha iniciado un expediente de oficio tras la divulgación del audio, lo que ha generado un interés considerable en el ámbito judicial. En este contexto, se ha mencionado que la ciudad de Alberdi ya estaba bajo la lupa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) debido a la gestión de fondos públicos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la situación.
Jiménez, por su parte, ha tomado la iniciativa de presentar una denuncia contra Campos, alegando enriquecimiento ilícito y aportando documentación que sugiere la adquisición de bienes a través de cheques oficiales. En los círculos judiciales se percibe una determinación de investigar a fondo estas acusaciones, resaltando la seriedad con la que se están abordando los delitos mencionados. En conclusión, la investigación sobre el intendente Campos y los posibles vínculos con actividades delictivas se encuentra en sus primeras etapas, pero la atención pública y judicial está centrada en el caso, que podría tener repercusiones significativas para la administración municipal de Alberdi.
