A partir del 1 de enero de 2026, los comercios de San Miguel de Tucumán no podrán entregar bolsas de plástico, de acuerdo a una nueva ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Esta medida tiene como objetivo reducir la contaminación ambiental y promover un estilo de vida más sustentable. Se prohibirán los envases de polietileno y polipropileno de segunda categoría, y se buscará reemplazarlos por alternativas más ecológicas, como bolsas de papel reciclado o reutilizables.

Aunque la normativa fue discutida y planificada con anticipación, el cumplimiento obligatorio comenzará en cinco meses, lo que ha generado un período de adaptación para los comerciantes. Sin embargo, esta iniciativa no ha estado exenta de preocupaciones. La industria local de bolsas plásticas enfrenta una situación crítica, con una caída en la producción que oscila entre el 20% y el 40%. Muchas pequeñas fábricas dependen de pedidos grandes para mantenerse a flote y la baja demanda pone en riesgo no solo su continuidad, sino también varios puestos de trabajo.

Los representantes del sector han expresado que la transición hacia la prohibición total de las bolsas plásticas se está realizando de manera apresurada, sin un plan claro de reconversión industrial. El gremio de trabajadores del sector ha manifestado su preocupación por el impacto que esta medida tendrá sobre la economía local. Aseguran que, aunque comprenden la importancia de cuidar el medio ambiente, la implementación de la ordenanza podría resultar perjudicial para muchas familias que dependen de estas fábricas.

Además, los costos de las alternativas biodegradables son más altos, lo que complica aún más la situación. Muchos mayoristas han dejado de realizar pedidos grandes, ya que las bolsas biodegradables tienen una vida útil corta, lo que genera incertidumbre en su producción. Desde la Secretaría de Ambiente, se están llevando a cabo capacitaciones y campañas de concientización para comerciantes y ciudadanos sobre el uso de envases alternativos.

El objetivo es preparar a todos para la nueva normativa y que se está trabajando en alternativas que permitan a los comercios continuar operando sin el uso de plástico. A medida que se acerca la fecha límite, la ciudad se enfrenta a un desafío: avanzar hacia un modelo más sostenible, mientras se considera el impacto en la economía y el empleo local.