En este marco, convocaron a un paro para este martes y miércoles, mientras preparan una nueva marcha federal. ADIUNT adhiere a la huelga y se resentirá la actividad en la UNT. “Niega presupuesto y salarios para salud, ciencia y educación en nombre de resguardar el equilibrio fiscal, pero no duda en enriquecer sus arcas personales como trascendió con las coimas en la compra de medicamentos”, manifestó Anahí Rodríguez, secretaria General del gremio local, en diálogo con Prensa Multimedios.
Luego de las medidas de fuerza que llevaron a retrasar el comienzo del segundo cuatrimestre, la CONADU y la CONADU Histórica confirmaron un nuevo paro para los próximos 26 y 27 de agosto en todas las universidades públicas de todo país. El gremio de ADIUNT, que nuclea a docentes e investigadores de la UNT, confirmó su adhesión a la huelga, lo que resentirá la actividad académica en las facultades y las escuelas preuniversitarias en la provincia.

En detalle, las federaciones que nuclean a los gremios docentes de las 57 universidades públicas del país confirmaron la realización de jornadas de paro de 48 horas con días rotativos hasta septiembre. El eje central de las medidas de fuerza serán la visibilización del conflicto salarial y el rechazo al anunciado veto de Javier Milei al proyecto que la semana pasada la Cámara de Senadores convirtió en ley. Además, la utilizarán para convocar a una Tercera Marcha Federal Universitaria, la cual pretenden concretar en la tercera semana de septiembre.

“Es un gobierno antidemocrático, que funciona por vetos, coimas y decretos para favorecer a los especuladores y confiscar al pueblo. Así lo hizo con la emergencia en discapacidad o el magro incremento a los jubilados. Niega presupuesto y salarios para salud, ciencia y educación en nombre de resguardar el equilibrio fiscal, pero no duda en enriquecer sus arcas personales como trascendió con las coimas en la compra de medicamentos”, sostuvo la titular de ADIUNT, Anahí Rodríguez.

“Con docentes y no docentes bajo la línea de la pobreza, no hay universidad posible”, subrayó Rodríguez, a la vez que aseguró que los salarios del sector universitario no alcanzan a cubrir una canasta básica que asciende a más de $1.100.000. Según revelaron desde la CONADU, un cargo auxiliar con dedicación exclusiva (40 horas semanales), por ejemplo, percibe un salario básico de $743.063, mientras que un/a docente preuniversitario/a en el rol de preceptor/a (25 horas semanales) cobra $636.074.

Por tal motivo, y a pesar de que el Gobierno Nacional anunció un aumento salarial del 7,5 % para los docentes y no docentes de las Universidades Nacionales entre septiembre y noviembre, los sindicatos de ambos sectores decidieron mantener las medidas de fuerza con el mismo reclamo: la recomposición del poder adquisitivo y condiciones laborales dignas.

En este sentido, desde la CONADU Histórica remarcaron que “el 7,5 % hasta diciembre y las sumas en negro son una burla que busca empobrecer a la docencia y destruir la educación pública. Más de 10.000 docentes ya han renunciado en el país por salarios miserables”.

Casi en el mismo momento en el que Capital Humano informaba de la suba que decidió otorgar de manera unilateral y sin convocar a paritarias, la FEDUN y el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), daban a conocer su último informe sobre la situación presupuestaria y salarial de las universidades públicas. Los resultados allí expuestos son lapidarios con el Gobierno. Según este trabajo, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 220,1 % desde noviembre del 2023, los salarios en las universidades nacionales solo crecieron un 128,5 %. Es decir, la pérdida acumulada de los docentes universitarios es de 91,6 puntos base.

“En lo que va de 2025, la caída adicional es del 6,5 %. El nivel salarial del sector ya se ubica por debajo de los valores de 2002, con una pérdida de 39 puntos respecto del pico alcanzado en 2011”, señalaron.

La pelea que se viene: revertir el veto presidencial

La semana pasada, el senado finalmente aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que establece como prioridad para el Gobierno un presupuesto actualizado por inflación, que permita sostener el funcionamiento de las universidades. Además, utilizando como referencia obligatoria el IPC que calcula el INDEC, el Ejecutivo deberá aumentar los salarios de todo el personal de las universidades nacionales, de modo tal que en términos reales no podrá ser inferior al que percibían en noviembre del 2023, y obliga a la Secretaría de Educación a convocar a paritarias y ofrecer aumentos que no podrán ser inferiores al ritmo de evolución de los precios de la economía.

Sin embargo, en el transcurso de esta semana el proyecto llegará a Casa Rosada y, a partir de ese momento, el presidente Javier Milei tendrá 10 días hábiles para hacer aquello que ya anticipó: vetarlo. Será la segunda vez en un menos de un año que el mandatario rechace una ley para mejorar el financiamiento de la educación superior. Ante este escenario, los gremios se preparan para continuar su lucha en las aulas y en las calles.

“Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser sostenida y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria que muestre la legitimidad de nuestros reclamos y enfrente con éxito la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el gobierno nacional”, sostuvo Carlos De Feo, secretario General de la CONADU.

Para graficar la magnitud del ajuste que impulsa la gestión libertaria, en junio la CONADU publicó un informe en el que explicaron que las transferencias a las universidades nacionales fueron un 22,5 % más bajas. Algo que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, insiste en desmentir, pero sin dar números concretos.

Por esta situación, y ante la falta de respuestas del Gobierno, las federaciones de gremios docentes ratificaron el plan de acción gremial con paros rotativos por 48 horas que seguirán los días 26 y 27 de agosto; y 1 y 2 de septiembre. Además, el Frente Sindical Universitario anunció que trabaja en la convocatoria a una Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para la tercera semana de septiembre, en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y en rechazo al veto que el Gobierno nacional ya anticipó.

En Tucumán, la ADIUNT impulsa su propia agenda de protesta, que incluye una movilización, este martes a las 10, al Tribunal Oral Federal, cuando se desarrolle la última audiencia por la causa YMAD. Ese mismo día, por la tarde, movilizarán al Consejo Superior de la UNT para denunciar la situación “irregular” que atraviesa la obra social ASUNT. En tanto que el miércoles dictarán clases públicas en Plaza Independencia, a partir de las 17, en la previa a la protesta convocada en conjunto con otros sectores en lucha para las 18.