Con el transcurso de las horas emergen nuevos datos de un caso que adquirió amplia repercusión nacional. El expediente abierto contra Gustavo Beltrán, exjefe de la Unidad Regional Norte (URN), por presuntas maniobras que habrían implicado el uso de presos y de recursos policiales para realizar tareas de albañilería en su propiedad de El Cadillal, avanza en la etapa investigativa. A medida que la pesquisa progresa, se develan indicios de una trama compleja en la que, según las primeras constancias, se entrelazan complicidades, omisiones y contradicciones institucionales. La única certeza hasta ahora es que las consecuencias del caso modificarán el panorama institucional de la fuerza, ha publicado La Gaceta.

1. La teoría del caso
La fiscala Mariana Rivadeneira plantea que Beltrán habría diseñado y puesto en marcha un esquema por el cual personas condenadas por delitos sexuales, alojadas en dependencias policiales, y personal de la URN habrían sido utilizados para ejecutar trabajos en la vivienda de fin de semana del exjefe. La acusación incluye la supuesta utilización de móviles y recursos de la fuerza para trasladar a los detenidos y ejecutar las tareas solicitadas.

Según la fiscalía, para evitar la detección el presunto sistema contó con la colaboración de otros funcionarios. Durante la audiencia de formulación de cargos, Rivadeneira subrayó que un nivel semejante de impunidad no sería posible sin la complicidad de terceros, una línea de investigación que orienta a ampliar la pesquisa más allá del imputado principal.

2. Un mecanismo operativo
De acuerdo con la acusación, en septiembre comenzaron las labores en la vivienda. Los detenidos identificados en el expediente —José Daniel Sarapura (46), Lorenzo Miguel Romano (47), Juan José Santillán (53) y Miguel Adolfo Navarro (62)— eran alojados en comisarías de la jurisdicción y, sin autorización judicial, habrían sido removidos de sus correspondientes celdas para ser trasladados a la base del Cuerpo de Infantería de la URN, en Tafí Viejo. Allí, presuntamente, permanecían de lunes a viernes para trabajar en la obra y retornaban a sus lugares de alojamiento los fines de semana.

Las fuentes indican que, por falta de cupo, esos detenidos no habían sido trasladados a penales provinciales y que, al menos en apariencia, no habrían recibido una contraprestación económica por los trabajos. Los investigadores sostienen que los beneficiarios podrían haber aceptado esta situación para mantenerse en una condición de menor privación de libertad o por acceso a un régimen de semilibertad de hecho.

En el ámbito policial es frecuente el aprovechamiento de detenidos con oficios para trabajos en dependencias —por ejemplo, electricistas que realizan arreglos bajo supervisión—, pero, como apuntó un excomisario consultado, llevarlos a una vivienda particular constituiría una práctica muy distinta y potencialmente delictiva. Rivadeneira adelantó que la investigación recién comienza y que aún resta establecer si hubo vejaciones u otros maltratos.

3. Participación y responsabilidades policiales
En la causa aparecen también uniformados con distintas responsabilidades. Los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, que prestaban funciones en la URN y habrían estado de servicio cuando se produjeron los hechos, son sindicados como operarios del esquema: Trejo, por sus habilidades en albañilería y electricidad, y Teseira como chofer particular del exjefe. Según la fiscalía, ambos habrían recibido contraprestaciones por su intervención.

Además de ellos, la investigación alcanza a otros efectivos. Se investiga al segundo de la URN, Sergio Juárez, por supuesto encubrimiento u omisión; también fueron pasados a disponibilidad los jefes del Cuerpo de Infantería donde se alojaban los detenidos, dos jefes de zona señalados por faltas de control, la responsable de personal y quienes hacían trámites administrativos vinculados a Beltrán. En total, la fiscalía confirmó que al menos ocho efectivos están bajo investigación.

4. Situación dominial de la casa
La titularidad y la situación registral del inmueble constituyen otro eje de controversia. La defensa de Beltrán, representada por Augusto Avellaneda, informó que el exjefe posee un boleto de compraventa y negó que el terreno sea de dominio fiscal, aunque admitió la existencia de dos lotes vinculados al imputado. Autoridades de Catastro y del Ente Tucumán Turismo indicaron que el interesado no había adherido a un régimen administrativo previo para regularizar terrenos en El Cadillal, previsto por normativa local.

La fiscalía investiga si la vivienda se asienta sobre tierras fiscales o privadas y si existieron engaños en la transferencia. La resolución de este punto será relevante para determinar responsabilidades civiles y administrativas complementarias a la investigación penal.

5. Denuncias, reacción institucional y expectativas
El caso llegó a conocimiento del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, a partir de denuncias y de un aviso anónimo que lo impulsó a concurrir al lugar. La intervención del titular de la cartera generó fuertes cuestionamientos de la defensa, que alegó que el procedimiento se realizó sin la debida autorización judicial y, además, en un lote distinto al que la acusación sostiene que se efectuaban las tareas.

La repercusión del expediente provocó además inquietud en la cúpula policial. A instancias del gobernador Osvaldo Jaldo se solicitaron informes a los distintos mandos; la evaluación de esos reportes determinará sanciones administrativas o ceses de funciones en los próximos días.

Conclusión
La causa contra Gustavo Beltrán se encuentra en una fase inicial de pesquisa pero ya exhibe complejidades que atraviesan lo penal, lo administrativo y lo institucional. Los elementos recabados hasta el momento permiten esbozar hipótesis sobre un sistema de utilización de detenidos y recursos estatales con la participación de varios actores, aunque resta profundizar pruebas, esclarecer la titularidad del inmueble y determinar eventuales responsabilidades adicionales. La investigación continuará ampliando el cuadro probatorio y, sin duda, las decisiones de la fiscalía y de la justicia marcarán el rumbo de las consecuencias para los implicados y para la organización interna de la fuerza.