La cadena de pagos del sector industrial argentino muestra señales de debilitamiento, con casi la mitad de las empresas reportando dificultades para atender obligaciones básicas. La combinación de una fuerte contracción del consumo y el aumento de cheques rechazados refleja una tensión creciente en la liquidez empresarial, según datos que publica el diario Clarín en base a un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Una encuesta de la UIA revela que el 47,5% de los industriales encuestados enfrenta problemas para cumplir con, al menos, una de sus obligaciones principales: salarios, proveedores, impuestos o servicios. Asimismo, el 8,2% indicó dificultades en la totalidad de esos ítems. Entre los rubros más afectados se encuentran los impuestos (29,3%) y los pagos a proveedores (26,7%), lo que pone en evidencia cuellos de botella en los flujos financieros interempresariales.

La falta de liquidez se traduce en un incremento notable de cheques rechazados: en el último trimestre se registra un alza estimada entre 30% y 40%. Un caso emblemático citado en la nota es el de la Bodega Norton, con más de 40 cheques rechazados que suman alrededor de $618 millones, un indicador del impacto que estas dificultades pueden tener en empresas de distintos tamaños.

La problemática resulta especialmente aguda para las pequeñas y medianas empresas, aunque comienza a repercutir también en contratos de mayor envergadura. Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras (CPC), advirtió que la cadena de pagos “se empieza a doblar y a complicar”, lo que sugiere un riesgo de propagación de contratiempos a lo largo de las relaciones comerciales.

Un factor que agrava la situación es la extensión de los plazos de cobro por parte del Estado: lo que tradicionalmente se gestionaba en 30 a 45 días hoy demora entre 60 y 90 días. Ese retraso aumenta la necesidad de capital de trabajo en la base de la pirámide productiva y reduce la capacidad de las empresas para atender sus compromisos inmediatos.

En conjunto, los datos muestran un cuadro de estrés financiero en la industria que exige seguimiento: la combinación de caída del consumo, aumento de cheques rechazados y mayores plazos de cobro estatales pone en evidencia tensiones estructurales que, de no mitigarse, podrían profundizar la fragmentación de la cadena de pagos y afectar la actividad productiva.