Aunque su estrategia parlamentaria de aprobaciones exprés fracasó por el rechazo de uno de los capítulos presupuestarios y la postergación del tratamiento de la reforma laboral, el Gobierno avanza con sus proyectos en el Senado para tener dos aprobaciones en la primera etapa de sesiones extraordinarias: el Presupuesto 2026 y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. Los aliados del oficialismo le exigieron cambios, que la gestión libertaria está dispuesta a incluir el próximo año.

El objetivo del Gobierno es sancionar ambas iniciativas en una sesión del Senado el 26 de diciembre. Tiene los números para hacerlo, dado que acompañaron los dictámenes oficialistas miembros de la UCR, el PRO y las provincias, suficientes para alcanzar la mayoría. Se reiteraría así un escenario similar a lo que ocurrió cuando la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal se votó en Diputados, donde obtuvo 130 apoyos y 107 rechazos (de peronistas y la izquierda). Sin embargo, la gestión libertaria ya advirtió el malestar creciente entre sus aliados y se mostró más dispuesto a absorber sugerencias, a pesar de que no negocia su prioridad: aprobar leyes en diciembre para mostrar vigor legislativo tras el recambio.

“Tal vez la forma de redacción que se propuso no fue la adecuada o los tiempos no fueron los suficientes”, fue el tímido reconocimiento de la conducción libertaria en Diputados, cuya explicación alimenta los pedidos de sus aliados de las dos Cámaras. En la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado que dictaminó la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, el bonaerense Maximiliano Abad, el correntino Eduardo Vischi (ambos de la UCR) y la pampeana Andrea Cristina (PRO) advirtieron que por la celeridad del tratamiento del proyecto no se pudieron introducir cambios prácticos: la actualización de montos a partir de esquemas variables para que se ajusten a la inflación y la discriminación de escalas diferenciadas para que no se apliquen las mismas multas a pequeños contribuyentes y multinacionales.

Al igual que en la jornada del jueves, cuando logró el dictamen de reforma laboral con la promesa de incorporar modificaciones de cara a su tratamiento en la segunda etapa de las sesiones extraordinarias de febrero, Patricia Bullrich terció para que las demandas no se conviertan en desplantes. “Nos comprometemos a analizar una ley corta que pueda subsanar este problema”, planteó, pero argumentó que “necesitamos sacar esto de manera urgente porque si no somos todos clientes del sistema penal tributario”. La fecha que estipuló la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado es el inicio de las sesiones ordinarias: a partir de marzo.

La firma del dictamen ocurrió ante la ausencia del peronismo, como señal de boicot por su desacuerdo en la composición de la comisión. El porteño Mariano Recalde se presentó en la reunión y ratificó que “la integración es cuestionada porque se produjo violando el reglamento, tanto por la forma como por la proporcionalidad y la representación, por lo que nuestro bloque una vez más la va a impugnar”. En Diputados, Unión por la Patria había presentado un proyecto propio que proponía una suba de los pisos que se considerarán delitos de evasión tributaria fijándolos en pesos sujetos a una proporción del Salario Mínimo Vital y Móvil.