Las primeras informaciones sobre el robo ocurrido en un comercio local exponen una situación que, lejos de ser un hecho aislado, revela una práctica preocupante: la instrumentalización de una menor como herramienta para facilitar delitos. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la maniobra consistió en una distracción dentro del local; una niña intervino en la escena, aparentemente guiada por adultos, mientras sustraía un teléfono celular sin que la víctima advirtiera lo que sucedía.

Esta modalidad —utilizar a menores para reducir la percepción de riesgo y desviar la atención— no solo es reprobable desde el punto de vista ético, sino que también encierra implicancias penales y sociales graves. La utilización de una menor como ejecutora o señuelo en un hurto configura, además de la acción delictiva principal, un agravante que puede incrementar las penas y ampliar la investigación hacia quienes la coordinan y se benefician del delito.

Las autoridades han iniciado el análisis de las grabaciones de videovigilancia y la recolección de testimonios con el objetivo de identificar a todos los involucrados y precisar el grado de participación de cada uno. Esa tarea resulta indispensable: no solo para sancionar a los responsables adultos, sino también para proteger a la menor explotada y determinar si requiere medidas de asistencia social o intervención de organismos de protección infantil.

Mientras se avanza en la investigación, resulta inadmisible relativizar el uso de menores en actividades delictivas o tratar estos episodios como simples ‘modus operandi’. Detrás de la escena filmada hay una vulneración de derechos que exige respuestas firmes: identificación y sanción de los adultos responsables, protección de la menor y medidas preventivas que desalienten la repetición de estas prácticas.