El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, estableció la obligatoriedad de narcotest para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial y de los organismos de control, al considerar que el ejercicio de la función pública debe estar acompañado por estándares de idoneidad y responsabilidad.

La medida fue oficializada este martes a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), para “fortalecer una gestión pública transparente, responsable y acorde a la confianza que los salteños depositan en sus instituciones”, según expresó el mandatario.

“La función pública exige idoneidad y aptitud moral. Ejercer un cargo no es un privilegio, es una responsabilidad”, sostuvo al justificar la decisión. En ese sentido, advirtió que quienes no cumplan con los requisitos establecidos “deberán asumir las consecuencias previstas en la Constitución Provincial y en las normas vigentes, incluyendo, de corresponder, la remoción del cargo”.

Por último, Gustavo Sáenz afirmó: “Gobernar es tomar decisiones firmes, con responsabilidad y respeto por las instituciones”.

Cabe recordar que en noviembre pasado, la Cámara de Diputados de Salta había rechazado un pedido del legislador Juan Esteban Romero para tratar sobre tablas un proyecto que proponía la obligatoriedad de narcotests para funcionarios públicos.

Narcotest para funcionarios: antecedentes en Argentina
La iniciativa impulsada en Salta cuenta con antecedentes en otras provincias. A mediados de 2025, el gobierno de Santa Fe implementó exámenes toxicológicos obligatorios tanto para integrantes de las fuerzas de seguridad como para funcionarios provinciales, el primero en someterse a la prueba fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro, al anunciar la puesta en marcha de la medida.

En ese distrito, los controles se realizan de manera sorpresiva, periódica y no anunciada, están a cargo de laboratorios externos y los resultados se entregan en sobres cerrados dentro de una cadena jerárquica que culmina en el gobernador.

“Los tests se realizan mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que permite detectar distintas sustancias”, explicó en su momento el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

En tanto, en 2024, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, había dispuesto la obligatoriedad de los narcotest para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La normativa establece que los controles son obligatorios, anuales y aleatorios, e incluyen incluso al propio gobernador y a los integrantes de su Gabinete, con el objetivo de garantizar transparencia en el ejercicio de la función pública.