En medio del fuerte endeudamiento de las familias, que ya toca un máximo desde 2010, los bloques de diputados opositores Unión por la Patria, Encuentro Federal y Defendamos Córdoba presentaron una iniciativa para el desendeudamiento de los hogares. El proyecto apunta a que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES otorgue créditos en “condiciones normales de mercado”, a una tasa 30% menor a la de los bancos privados.

El texto, presentado por los legisladores Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Natalia de la Sota, entre otros legisladores, propone una “línea de crédito directa de la ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales”, cuyo objetivo es cancelar deudas con tarjetas de crédito y otros operadores no financieros, pero en condiciones menos desfavorables.

Endeudamiento de las familias: la morosidad alcanzó un nuevo récord
La morosidad de las familias acumuló en octubre 13 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord desde que hay registros, al ascender a 8,8% en noviembre. De esta manera, anotó su nivel más alto en más de 15 años, mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se ubicó en 2,3%.

Según indicó el último viernes el Banco Central en su Informe sobre Bancos, el incremento se explicó “principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”.

En esa línea, la deuda de las familias con billeteras virtuales creció en noviembre 1,4% real mensual, con un stock de $12,7 billones. El nivel de noviembre se ubica 140% por encima de marzo de 2024 y 20,5% por encima del máximo previo de febrero de 2018, ambos en términos reales.

De esta manera, el endeudamiento de los hogares con entidades no bancarias continúa en aumento y alcanza un ratio del 33% de la masa salarial mensual, 12 puntos porcentuales por encima de noviembre de 2024. Al incorporar también el crédito bancario, el peso total del crédito asciende al 139% de la masa salarial. Aunque, si se toma solo la masa salarial de cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario equivale al 140% de dicha masa salarial.

Por estos motivos, y ante el endeudamiento cíclico para pagar deudas, la iniciativa establece una “relación cuota/ingreso no superior al 30%”, con un plazo a definir según la capacidad de pago.

A su vez, los salarios registrados -públicos y privados- entre septiembre y noviembre acumularon una baja de 1,7% real. Solo en noviembre, perdieron 0,7% de su poder adquisitivo. Aunque, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los haberes de trabajos formales sufrieron un recorte del 6,4% del poder adquisitivo, según el cálculo de Ámbito.

En el desagregado, los salarios registrados públicos fueron los más perjudicados por el gobierno de Milei y desde noviembre 2023 pierden 15,5% de su poder adquisitivo. En tanto, los privados acumulan una caída de apenas 1,25% real.

Tasa más baja que la del mercado
El proyecto de ley propone un crédito vía el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con un monto máximo de $1.500.000 y una tasa equivalente a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) + 10 puntos porcentuales -actualmente en 35,63%-, muy por debajo de las tasas que llegaron a ofrecer los bancos privados en el último año (en septiembre alcanzaron el 82,28%).

Al 26 de enero, la tasa tomadora de créditos de los bancos privados era de 65,45% TNA, según datos del Banco Central. Es decir, el costo del préstamo que propone la iniciativa sería cerca de un 30% más económico.

Respecto de la operatoria, el proyecto establece que “el trabajador, el jubilado o el monotributista solicita online el crédito a la ANSES e identifica a qué tarjeta o fintech le debe. La ANSES cancela directamente la deuda con la tarjeta o la fintech y luego le cobra en cuotas a la persona”. De esta manera, se sustituye una deuda con tasas muy altas -que ahoga financieramente a las familias argentinas- por otra pagable y alineada con tasas de mercado.

Con esta iniciativa, los legisladores buscan cancelar las deudas de las familias argentinas, que -según el proyecto- fueron producto de la situación social y económica actual, caracterizada por “ingresos bajos” y “gastos fijos altos”.

El proyecto beneficiaría a unos 15 millones de personas, ya que está orientado a jubilados y pensionados (hasta seis jubilaciones mínimas); beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo; trabajadores en relación de dependencia (hasta seis SMVyM); personal de casas particulares; y monotributistas categorías A, B, C y D.