Mientras Felipe Sosa, conocido como “El Militar”, permanece detenido por el homicidio de Érika Antonella Álvarez en Yerba Buena, un documento interno publicado este lunes por Enterate Noticias revela que el Ministerio Público Fiscal de Tucumán decidió no avanzar en una grave denuncia por amenazas contra el acusado durante 2025, alegando una “cuestión de estrategia”.

La prueba surge de un correo electrónico fechado el 7 de mayo de 2025, enviado desde la Unidad Fiscal Criminal II a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. Allí se solicita cancelar la audiencia #93211, prevista para el día siguiente, correspondiente al legajo S-100388/2024, “Sosa Felipe s/ Amenazas”. El motivo consignado fue explícito: “por cuestión de estrategia, por ahora no se realizará formulación de cargos hasta tanto se recolecten más evidencias”.

En ese expediente, la víctima identificada es López Osa Diego Ramón, excuñado de Sosa y denunciante de las amenazas. La decisión de no formular cargos se tomó pese a que —según la documentación a la que accedió este medio— un fiscal interviniente ya había dictado medidas de protección para el denunciante, lo que refuerza los interrogantes sobre la inacción posterior.

El caso no aparece como un hecho aislado en el historial judicial de Sosa. En la Justicia Federal fue sobreseído tras un procedimiento en el que se hallaron numerosas plantas y derivados de marihuana; su defensa alegó cultivo medicinal pese a cantidades que, según versiones, excedían ampliamente lo permitido. En la órbita ordinaria, también fue sobreseído en una causa por violencia de género; el propio magistrado Alejandro Valero dejó asentado que, a su criterio, el caso debió resolverse en un debate oral y público.

La revelación del correo interno vuelve a encender el debate sobre la eficacia, transparencia y criterios del sistema judicial tucumano. ¿Qué “estrategia” justifica frenar una causa por amenazas con medidas de protección vigentes? ¿Qué evidencias adicionales se aguardaban y por qué el proceso quedó estancado hasta la detención por un delito de extrema gravedad? ¿Existen vínculos o influencias que expliquen esta seguidilla de decisiones favorables?

Con Sosa hoy en el centro de una causa que conmociona a la provincia, la sociedad tucumana reclama explicaciones claras y una revisión exhaustiva de las actuaciones. Restablecer la confianza en las instituciones exige que la justicia opere con la misma rigurosidad para todos, sin excepciones ni zonas grises amparadas en estrategias que nunca se explican.