La Justicia de Tucumán ordenó tres meses de prisión preventiva para Justina Gordillo (48), detenida en el marco de la investigación por el brutal crimen de Erika Álvarez. La medida fue dispuesta este lunes por el juez Bernardo L’Erario Babot, quien hizo lugar a los planteos del fiscal Pedro Gallo, con la adhesión de la querella representada por Carlos Garmendia.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Gordillo, quien es empleada de la Corte Suprema de Justicia, habría colaborado activamente en el encubrimiento del hecho. Los puntos centrales de la imputación son:

Ocultamiento del cuerpo: Habría participado en la logística para descartar los restos de la víctima.
Destrucción de evidencia: Se la vincula con la eliminación del teléfono celular de Erika.
Fuga del sospechoso: Habría brindado ayuda a su pareja, Felipe Sosa, para concretar su huida de la provincia.
La acusación de encubrimiento es doblemente agravada debido a la gravedad del delito precedente y a su condición de funcionaria pública. Pese a que la defensa, ejercida por Camilo Atim y María Florencia Abdala, solicitó el arresto domiciliario, el magistrado resolvió la preventiva efectiva.

Fuentes de la investigación, liderada por los comisarios Susana Montero, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, aclararon que Gordillo no está acusada de la autoría material del crimen. Existen dos factores que la excluyen por el momento: habría sido una de las primeras personas en retirarse del domicilio de calle Santo Domingo al 1.100 y, según los pesquisas, su contextura física no le habría permitido reducir a la víctima.

No obstante, un investigador fue tajante: “Sabe más de lo que dice”. Las sospechas se refuerzan con testimonios de las hermanas de Erika, quienes afirmaron que Gordillo hostigaba a la víctima por redes sociales.

Sexo, drogas y sospechosos prófugos
La causa reconstruye un escenario complejo: antes del asesinato se habría producido un encuentro sexual grupal con consumo de estupefacientes, del que participaron Sosa, Álvarez, Gordillo y al menos dos hombres más aún no identificados.

La policía busca también a otras cuatro personas que habrían colaborado en el traslado del cuerpo. Se sospecha que estos cómplices podrían ser empleados del Grupo Sosa, la empresa de seguridad privada del principal acusado.

Quién es quién en el Caso Erika
La víctima: Erika Álvarez estudiaba enfermería. Fue asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena, inmovilizada con una técnica de estrangulamiento, atada y descartada en un basural de Manantial Sur.
Felipe “El Militar” Sosa: Único acusado del homicidio. Exmilitar con formación en la Legión Extranjera francesa y socio gerente de una empresa de seguridad. Fue detenido en Buenos Aires cuando intentaba salir del país. Posee antecedentes por violencia de género.
La sombra narco: C. F. B., ciudadano paraguayo apodado “El Mayor”, señalado como líder de una organización dedicada al tráfico aéreo de marihuana. Mantenía económicamente a Erika y la justicia busca determinar si tuvo conocimiento del crimen.