La Justicia dispuso medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, conducida por el fiscal Fernando Blanno. En una audiencia solicitada por la Fiscalía, se formularon cargos contra las acusadas por el delito de usurpación parcial mediando violencia, en concurso ideal con desobediencia a la autoridad.

La imputación fue presentada por la auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás, por delegación del titular de la unidad.

De acuerdo con la acusación, el 3 de enero de 2026 las mujeres, junto a otros familiares y tras un presunto acuerdo previo y división de tareas, ingresaron al patio frontal de una vivienda ubicada sobre avenida Julio del Moral, inmueble que era poseído por sus legítimos tenedores desde el año 2000.

Según la Fiscalía, una vez en el lugar intentaron ingresar al interior del domicilio mediante la rotura de una puerta de madera y una ventana. Durante el episodio se habrían producido agresiones físicas contra una persona que se encontraba dentro de la casa, quien debió bloquear el acceso con un freezer y solicitar la intervención policial para evitar el ingreso.

Pese a la presencia de efectivos, las acusadas no se retiraron y habrían ocupado sin autorización un sector de la galería, donde instalaron colchones, muebles y pertenencias personales, impidiendo el acceso por la puerta principal y generando un despojo parcial de la posesión del inmueble.

La representante del Ministerio Público señaló además que las imputadas habrían actuado en abierta desobediencia a resoluciones judiciales previas dictadas por el fuero civil en 2024 y 2025, que les ordenaban abstenerse de realizar actos de turbación o despojo y canalizar cualquier reclamo por vías legales.

Durante la audiencia, la jueza interviniente dispuso la restitución inmediata del inmueble a sus poseedores, fijó una caución real de $3.000.000 y estableció medidas no privativas de la libertad por seis meses, con el objetivo de evitar nuevos conflictos y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.