En septiembre de 2024, tras la denuncia de vecinos de Yerba Buena, la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) detectó una conexión clandestina que extraía agua del acueducto Sierra de Javier hacia una finca privada en el tramo comprendido entre el río Muerto y la Loma de Imbaud. El hallazgo se produjo luego de que usuarios advirtieran faltantes y pérdidas de presión en la red.

La acusación y los hechos
Según la investigación, entre febrero de 2022 y mayo de 2023 se habría diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina que consistió en la perforación de un caño maestro ubicado en una propiedad colindante a la de la Universidad Nacional de Tucumán. Ese caño abastece a sectores de Yerba Buena, incluyendo la zona de El Corte, por lo que la maniobra habría sido realizada con conocimiento del posible desabastecimiento a áreas pobladas.

El fiscal a cargo, Diego López Ávila (titular de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I), explicó que se imputó al detenido por el delito de robo simple en concurso ideal con el entorpecimiento de la provisión de agua.

La audiencia y la salida alternativa
En la audiencia celebrada el lunes 23 de febrero, la defensa de Juan Zamora (74 años) ofreció una salida alternativa mediante el instituto de suspensión de juicio a prueba (probation). El fiscal valoró la propuesta en términos restaurativos: “El instituto de suspensión de juicio a prueba busca una solución restaurativa y eficiente del conflicto penal en donde se prioriza básicamente el daño y la paz social” y agregó que la reparación fomentaría la reconciliación entre la Justicia restaurativa y la sociedad.

La propuesta de reparación incluyó una suma económica de $250.000.000 destinada a Cáritas Tucumán, la donación de pintura para una escuela pública y la entrega de una puerta a una parroquia en La Calera (departamento Alberdi). Además, se acordó la entrega de una motobomba al Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) del Ministerio Público Fiscal (MPF), que será destinada a una institución de bien público.

Decisión judicial y condiciones
El juez interviniente autorizó la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, imponiendo reglas de conducta con un marcado componente comunitario y económico, conforme a lo solicitado por las partes. La medida implica un control jurisdiccional durante ese período y condiciona la extinción provisional del proceso al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la defensa.