El Ministerio Público Fiscal le atribuyó cuatro nuevos hechos, con lo que ya suman diez los casos investigados, mientras que el perjuicio económico supera los $780 millones y más de 235.000 dólares.

La medida fue solicitada por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego López Ávila, durante una audiencia realizada este jueves. El imputado, un arquitecto de 48 años y titular de una constructora, permanece detenido desde hace un año.

Según la acusación, el hombre fue señalado como presunto coautor del delito de estafas reiteradas en concurso real. El fiscal indicó que los riesgos procesales no solo continúan vigentes, sino que se agravaron con la incorporación de nuevos hechos. Además, advirtió que aún restan imputar otros dos casos, lo que elevaría a 12 la cantidad de víctimas.

El representante del MPF también remarcó que el acusado estuvo prófugo durante más de dos años tras haber salido del país en diciembre de 2022 rumbo a Brasil junto a su familia. Para lograr su detención, fue necesaria una captura internacional y un exhorto judicial. En tanto, su pareja permanece en ese país en proceso de extradición y podría ser imputada en la causa.

De acuerdo con la investigación, el acusado y su esposa, como socios de una firma constructora, habrían llevado adelante distintas maniobras fraudulentas en negocios inmobiliarios, incluyendo contratos de construcción “llave en mano” y ventas de departamentos en pozo.

La Fiscalía sostiene que generaban una falsa apariencia de solvencia para obtener dinero, vehículos y otros bienes, sin intención de cumplir con los compromisos asumidos. Entre los nuevos hechos, se detallan casos de obras abandonadas en Los Nogales y Lomas de Tafí, así como operaciones vinculadas a un edificio en construcción en calle Bolívar al 1500, donde las víctimas entregaron sumas en dólares sin avances en los proyectos.

Durante la audiencia, la defensa solicitó el cese de la prisión preventiva y su reemplazo por arresto domiciliario con tobillera electrónica y otras medidas. Sin embargo, el juez resolvió hacer lugar parcialmente al planteo fiscal y ordenó la prórroga de la detención.

Desde la Fiscalía destacaron la gravedad del caso, tanto por el monto del perjuicio económico como por la cantidad de víctimas y las consecuencias personales derivadas de las maniobras investigadas.