La Justicia volvió a negar el cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de Justina Gordillo (48), imputada en la causa que investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez (25). El Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo al considerar que persisten y se incrementan los riesgos procesales, por lo que la jueza resolvió mantener la detención.

La audiencia se llevó a cabo este miércoles 25 de marzo, donde la defensa pidió la libertad de la acusada o, de forma subsidiaria, el arresto domiciliario. Gordillo permanece alojada en el penal de Delfín Gallo desde el 10 de febrero, tras ser vinculada a la investigación por el hallazgo del cuerpo de la víctima el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. A la imputada se le atribuye el delito de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real, con agravantes por la gravedad del hecho precedente, ánimo de lucro y su condición de funcionaria pública. En el expediente también están detenidos Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).

Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Carolina Brito sostuvo que los riesgos procesales “no solo se mantienen, sino que se incrementan”, y advirtió que, en caso de recuperar la libertad, la imputada podría entorpecer la investigación mediante la alteración u ocultamiento de pruebas. La querella adhirió a estos argumentos.

Además, se recordó que no es la primera vez que la defensa intenta revertir la medida, ya que un planteo similar fue rechazado semanas atrás.

Al resolver, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci destacó la gravedad del caso, enmarcado en un femicidio, y remarcó que el accionar atribuido a Gordillo no fue pasivo. “Se trata de una participación activa en el encubrimiento”, señaló al fundamentar la continuidad de la prisión preventiva.

La hipótesis fiscal

Según la acusación, tras el homicidio ocurrido en la madrugada del 7 de enero de 2026, Gordillo se habría presentado en reiteradas oportunidades en la vivienda de su pareja, Felipe Sosa, en Yerba Buena, donde permaneció durante varias horas entre ese día y el 8 de enero.

La Fiscalía sostiene que la imputada colaboró en el ocultamiento del cuerpo, de la camioneta utilizada y de otros elementos de prueba, además de asistir en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires.

También se le atribuye haber actuado con fines económicos, ya que habría adquirido una motocicleta a su nombre y recibido poderes para realizar operaciones bancarias y administrativas vinculadas a empresas relacionadas con el acusado.