En medio de la polémica por la posible reducción de frecuencias del transporte público en San Miguel de Tucumán, el secretario general de la local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, encendió las alertas sobre el alcance que podría tener una reestructuración del sistema tanto para los trabajadores como para los usuarios.

El dirigente confirmó que el gremio solicitó una reunión urgente con la intendenta luego de haberse enterado por medios de comunicación de los cambios que analizan el municipio y las empresas concesionarias. Según anunció, el encuentro está previsto para este viernes a las 9:00 en la Intendencia. González advirtió que “cuando hablamos de reestructuración, por ahí queda algún compañero sin trabajo”, y pidió información clara sobre los alcances del plan.

Causa económica de la reducción de unidades
González explicó que la disminución de unidades responde principalmente a la crisis económica que atraviesan las empresas. Señaló el fuerte aumento del precio del combustible —que pasó de aproximadamente 1.400–1.700 pesos el litro a 2.400–2.500— y detalló que cada colectivo consume entre 100 y 105 litros de gasoil por día, una erogación que hace “imposible” sostener el servicio con los ingresos actuales.

Factores que profundizan la crisis
Además del encarecimiento del combustible, el secretario general mencionó la caída en la cantidad de pasajeros y lo que calificó como “competencia desleal” dentro del sistema como elementos que agravan la situación financiera del sector.

Riesgo sobre el empleo y el servicio
En términos contundentes, González sostuvo que “está corriendo serio riesgo la fuente de trabajo de 3.100 trabajadores” del transporte público en Tucumán, y remarcó que tanto choferes como usuarios son quienes terminan pagando las consecuencias de la crisis.

Denuncias por incumplimientos salariales
En paralelo, el dirigente denunció incumplimientos salariales por parte de las empresas nucleadas en AETAT. Afirmó que los trabajadores aún no cobraron el sueldo de marzo completo y que, además, el pago se efectuaría sin los incrementos acordados en paritarias. Informó también acerca de una deuda acumulada por diferencias salariales de enero, febrero y marzo, junto con sumas no remunerativas, que —dijo— ronda los 650.000 pesos por trabajador.

Posición del gremio y posibles acciones
Sobre la posible reestructuración, González indicó que aún no existen detalles concretos, pero anticipó una postura firme del sindicato. “Cuando hay reestructuración siempre pensamos que hay compañeros en la calle, pero eso no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista”, afirmó. Advirtió que, de confirmarse medidas que afecten puestos laborales, el sindicato podría avanzar con acciones gremiales: “No nos queda otra alternativa que salir a la calle para defender nuestra fuente de trabajo”.

La tensión entre municipio, empresas y trabajadores coloca en el centro el futuro del servicio de transporte en San Miguel de Tucumán y la situación de miles de familias vinculadas al sistema, a la espera del resultado del encuentro convocado en la Intendencia.