La muerte de Mauro Burela, ocurrida en febrero de 2024 en la zona de Pozo de Vargas, continúa bajo investigación y con fuertes cuestionamientos: el joven falleció tras recibir un disparo por parte de un efectivo policial durante una persecución que, según la versión oficial, derivó en un enfrentamiento. La familia sostiene que se trató de un caso de gatillo fácil y exige que se investigue como homicidio.

En las últimas horas, la querella incorporó nuevos planteos a la causa a partir de la postura de su abogado, Gerardo Banegas, representante de la familia, y el papá de la víctima, José Burela, quiénes remarcaron que existen contradicciones claves entre el relato policial y las pericias independientes. Según explicó el letrado, el efectivo declaró que el disparo se produjo de frente en medio de un forcejeo, cuando Burela habría intentado extraer un arma de su cintura. Sin embargo, estudios realizados por especialistas particulares determinaron que el proyectil ingresó por el lado izquierdo del cuerpo, en forma lateral, lo que —según la defensa de la familia— debilita la hipótesis de un enfrentamiento directo y pone en duda la “certeza absoluta” necesaria para avanzar hacia un sobreseimiento.

Otro de los puntos señalados como novedad en el expediente es el cuestionamiento al origen del procedimiento. La intervención policial se habría iniciado tras un supuesto “giro brusco” en motocicleta, pero la querella insiste en que la víctima no tenía antecedentes ni había cometido ningún delito que justificara una persecución de ese tipo.

A esto se suma la controversia por el arma que habría tenido el joven. Mientras el uniformado aseguró que la portaba en la cintura, la familia sostiene que estaba dentro de una mochila, envuelta en ropa. En esa línea, también denunciaron posibles irregularidades en la preservación de la escena: al arribar el equipo científico, la mochila se encontraba abierta y con elementos desparramados, lo que alimenta sospechas sobre una eventual alteración del lugar.

En el plano judicial, el caso tuvo un giro en diciembre pasado cuando el juez de impugnación, Dr. Caramuti, anuló el pedido de sobreseimiento impulsado por la fiscalía y ordenó profundizar la investigación. No obstante, la querella advirtió que el Ministerio Público Fiscal podría reiterar ese planteo en una próxima audiencia.

Frente a este escenario, la familia adelantó que solicitará el apartamiento del fiscal y reclamará que se formulen cargos por homicidio para que la causa avance hacia un juicio oral. El objetivo, remarcan, es que se esclarezca lo ocurrido y se determinen responsabilidades en un proceso transparente.