El gobernador Osvaldo Jaldo volvió a poner un freno a una iniciativa de expropiación y ya suma cuatro decisiones en el mismo sentido en menos de un mes. Esta vez, mediante un veto, dejó sin efecto la transferencia de un predio de 6,4 hectáreas en Lules que estaba destinado al funcionamiento de un club de rugby.

La medida quedó formalizada a través del decreto 734/3, publicado en el Boletín Oficial, donde el Poder Ejecutivo argumentó que “el contexto económico actual no torna viable el proyecto de ley”, pese a que la Legislatura había aprobado la iniciativa semanas atrás.

El terreno iba a ser cedido sin costo a la Asociación Civil San Isidro Rugby Club, una institución que esperaba la regularización de su situación desde 2022. Sin embargo, el Gobierno provincial priorizó el impacto financiero que implicaría avanzar con este tipo de procesos en el actual escenario.

La decisión se enmarca en una política más amplia adoptada por la Casa de Gobierno, que en los últimos días también dispuso desistir de juicios por otras expropiaciones vinculadas a proyectos de infraestructura, ante el riesgo de afrontar pagos millonarios. Según estimaciones oficiales, esos procesos podrían haber generado erogaciones superiores a los $5.000 millones, en un contexto de caída de recursos.

En ese sentido, el propio Jaldo había advertido que muchas de las iniciativas impulsadas en gestiones anteriores carecían de financiamiento nacional o internacional, lo que tornaba inviable su ejecución.

Impacto en el club
La decisión generó preocupación en el San Isidro Rugby Club, donde entrenan alrededor de 250 chicos. Su presidente, Celso Manzano, expresó la incertidumbre que atraviesa la institución: “Estamos preocupados, averiguando cómo seguimos”, señaló.

El dirigente destacó el rol social del espacio y las inversiones realizadas en los últimos años: “Entendemos la situación económica, pero también se debe ver lo que significa el club”, afirmó.

Además, confirmó que recibieron intimaciones por parte de los propietarios del terreno, lo que abre un escenario incierto. “La idea es poder dialogar y encontrar una alternativa, como un comodato o algún acuerdo”, planteó.

Mientras tanto, el Gobierno sostiene su postura: priorizar el equilibrio fiscal y evitar compromisos que no cuenten con respaldo financiero, aun cuando ello implique frenar proyectos con impacto social directo.