El Gobierno terminó de cerrar la versión final de la reforma electoral y el presidente Javier Milei lo envió al Senado. Se trata de un paquete más amplio que el que había dejado trascender en los últimos días.

El texto elimina las PASO, endurece los requisitos para crear y mantener partidos, incorpora Ficha Limpia al régimen electoral nacional, prohíbe la contratación de asesores extranjeros, modifica el esquema de la Boleta Única de Papel y cambia de forma transitoria el mecanismo de designación de los parlamentarios del Mercosur.

La iniciativa avanza además sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, uno de los puntos que en la previa aparecía como novedad. El proyecto exige para los partidos de distrito afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con tope de dos millones de electores, y para los partidos nacionales eleva a diez los distritos con personería vigente, junto con un piso de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. También fija causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas.

En el capítulo electoral, el texto deroga formalmente el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Cada partido podrá definir sus candidatos con mecanismos internos propios.

A eso le agrega un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas: cada partido deberá reunir respaldos equivalentes al piso de afiliados exigido para obtener la personería, y esos avales deberán canalizarse a través de una plataforma digital instrumentada por la Cámara Nacional Electoral con mecanismos de autenticación de identidad.

En materia de financiamiento, la letra final también confirma cambios más profundos que los que habían trascendido inicialmente. El proyecto mantiene el aporte estatal al funcionamiento de los partidos y prevé que esos recursos puedan destinarse, entre otros fines, a campañas electorales, pero endurece prohibiciones para aportantes, fija topes del 35% por persona para aportes institucionales y de campaña, obliga a informar semanalmente los aportes privados y refuerza el control sobre cuentas bancarias y publicidad.

También crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y exige acompañar en las rendiciones el material audiovisual difundido en plataformas digitales.

El texto finalmente incorporó la prohibición para que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras. Además, prohíbe que los sujetos impedidos de aportar financien publicidad de contenido político o electoral, y faculta a la Justicia Electoral a ordenar la baja de publicaciones o gastos contratados en 24 horas. Ese punto confirma lo que el oficialismo venía estudiando sobre asesores extranjeros y publicidad paga desde el exterior.

El proyecto también modifica la elección de los parlamentarios del Mercosur. Hasta que el Consejo del Mercado Común establezca el “Día del Mercosur Ciudadano”, los representantes argentinos dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre los legisladores del Congreso, con cobertura de vacantes a cargo de la Cámara de Diputados según la proporción política de ese cuerpo.

El texto establece además que no cobrarán otra remuneración que la correspondiente a su banca nacional y que solo percibirán viáticos vinculados a la actividad del Parlasur.