La histórica marca de electrodomésticos Peabody quedó formalmente bajo concurso preventivo luego de que la Justicia habilitara el proceso solicitado por su controlante, Goldmund S.A., en un contexto de cesación de pagos y fuerte deterioro financiero.

La decisión fue tomada por el Juzgado Comercial N.º 21, que consideró acreditada la situación de insolvencia y abrió la instancia de negociación con acreedores. Según los registros del Banco Central, la firma acumula deudas bancarias por casi $19.600 millones, aunque el pasivo total —que incluye compromisos comerciales y fiscales— deberá determinarse dentro del expediente.

Lejos de una estrategia preventiva, la propia empresa reconoció que el quiebre ya se había producido. El punto crítico ocurrió el 27 de febrero, cuando no pudo afrontar un pago de $290 millones, lo que provocó la “ruptura de la cadena de pagos”. A esto se suma un dato elocuente: 168 cheques rechazados por unos $553 millones, reflejo del deterioro de caja.

El impacto de la crisis ya alcanza la estructura productiva. La compañía informó que mantiene impagos los alquileres de su planta en La Tablada, con una deuda superior a $628 millones. Según el expediente, esta situación “ha puesto en crisis la continuidad del vínculo contractual”, generando incertidumbre sobre su principal base operativa.

En su presentación, Goldmund detalló una secuencia de factores que explican el derrumbe. Uno de los ejes centrales es el esquema de importaciones, que —según la empresa— la obligó a operar con márgenes negativos. “Debimos vender productos por debajo de su costo”, señalaron, en referencia al impacto de las SIRA sobre su capital de trabajo.

A esto se sumó la acumulación de créditos fiscales por unos $1.500 millones, que luego quedaron “fuertemente licuados” tras la devaluación de diciembre de 2023, profundizando el desequilibrio financiero.

El diagnóstico también apunta al contexto competitivo. La firma denunció que la apertura del mercado generó una avalancha de productos a bajo precio. “Se alentó la introducción masiva de mercadería a precios irrisorios”, sostuvo, y advirtió sobre maniobras de subfacturación: “Productos que valen 20 dólares son declarados en 8 o 10”.

Además, alertó sobre la informalidad: “Se ha multiplicado una cantidad de galpones que, sin tributar impuestos, comercializan estos productos”, lo que genera una fuerte desventaja para la industria formal.

En esa línea, el dueño de la compañía, Dante Choi, fue más contundente: “La ilegalidad tomó todo el mercado argentino”, al estimar que estas prácticas alcanzan hasta el 80% del sector.

Del modelo industrial al negocio importador

Los números reflejan el cambio estructural. En 2025, la empresa vendió más de 700.000 unidades, pero menos de la mitad eran de fabricación propia. En 2026, la caída es abrupta: apenas 83.676 unidades vendidas y con mayoría de productos importados.

La facturación también se desplomó: de más de $47.000 millones en 2025 a unos $4.700 millones en lo que va del año.

Este giro marca un cambio de fondo: la compañía dejó de ser principalmente fabricante para convertirse en importadora y comercializadora, empujada por la pérdida de competitividad local.

Producción en el exterior y futuro incierto

Parte de la producción fue trasladada a Paraguay bajo un esquema de maquila. Según la empresa, fabricar allí es entre 30% y 35% más barato, por menores costos laborales e impositivos. “El diferencial responde a una acumulación de ventajas que torna inviable producir en Argentina”, sostuvieron.