La Justicia de la provincia de San Juan resolvió este martes habilitar la continuidad de las operaciones del Proyecto Vicuña, tras hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa operadora BHP y Lundin Mining, a cargo del emprendimiento minero.

La decisión judicial se da en un contexto de conflicto interprovincial, luego de que el proyecto fuera notificado de una resolución emitida en La Rioja que establecía restricciones de tránsito sobre una ruta provincial y la suspensión de las actividades vinculadas al emprendimiento.

Ante ese escenario, el equipo legal avanzó con una presentación ante tribunales sanjuaninos para resguardar la continuidad operativa. La respuesta fue favorable: un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial dictó una medida precautoria que garantiza el normal funcionamiento del proyecto.

El fallo establece que ningún tercero, ya sea público o privado, podrá obstruir o suspender las operaciones del proyecto, con excepción de las autoridades de la provincia de San Juan.

La resolución se fundamenta en que el emprendimiento cuenta con habilitación vigente otorgada por el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan, autoridad de aplicación en materia minera en ese territorio.

Desde la empresa aseguraron que el Proyecto Vicuña continúa operando “en pleno cumplimiento del marco legal aplicable”, al tiempo que avanza en acciones legales e institucionales para normalizar completamente el acceso a sus operaciones.

Un proyecto de escala global y alto impacto económico
El proyecto Vicuña es considerado de “clase mundial” por su magnitud y potencial productivo. La alianza entre BHP y Lundin Mining anunció una inversión estimada en u$s18.000 millones, lo que lo posiciona como uno de los desarrollos de cobre y oro más importantes a nivel global.

Esa escala económica es uno de los factores centrales detrás de la disputa entre San Juan y La Rioja, ya que el control sobre sus operaciones y accesos implica gestionar un recurso estratégico con capacidad de transformar la matriz productiva regional.

En términos de impacto laboral, el proyecto también presenta cifras significativas. Durante la etapa de construcción se prevé la generación de unos 4.000 puestos de trabajo iniciales, con un pico de hasta 6.000 trabajadores en el momento de mayor actividad. En fase de operación, la mina requerirá una planta estable de alrededor de 800 empleados especializados.

A esto se suma el desarrollo de una amplia red de proveedores y servicios asociados, que podría movilizar miles de millones de dólares adicionales e impulsar el empleo indirecto en toda la zona de influencia.