La calle volverá a ser el escenario que ponga en dimensión el descontento social frente a las políticas de recorte. Este martes a las 17 horas, las columnas universitarias ocuparán nuevamente el centro porteño en lo que será la cuarta movilización masiva de este tipo. Como ocurrió en las ediciones anteriores, docentes, estudiantes, rectores y trabajadores no docentes marcharán hacia Plaza de Mayo para exigirle a la administración de Javier Milei que garantice el financiamiento de las universidades públicas.

La gran incógnita que atraviesa tanto al Gobierno como al ecosistema educativo es si esta nueva convocatoria logrará la contundencia de aquel histórico 23 de abril de 2024, cuando más de 430.000 personas salieron a defender la universidad pública como motor de ascenso social, o si el reclamo se diluirá en el actual contexto de tensión económica. Por lo pronto, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Universitario, ratificaron el llamado a manifestarse en todas las plazas del país. “Esto trasciende lo económico. Se pretende destruir el Estado argentino en su parte fundacional, que es afectar la educación y la ciencia. Es hipotecar el futuro”, advirtió Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El eje central del reclamo girará en torno a la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en 2025. Esta norma obliga al Poder Ejecutivo a actualizar mensualmente las partidas destinadas a las casas de altos estudios según la inflación y contempla una recomposición directa de las becas estudiantiles y de los ingresos del personal. Actualmente, los salarios de los docentes universitarios son los más bajos de los últimos 23 años, acumulando una pérdida de poder adquisitivo cercana al 34% en poco más de dos años.

A pesar de que el Congreso rechazó el veto presidencial sobre esta norma, el Gobierno nacional dejó en claro su negativa a cumplirla sin dar una batalla judicial. Tras una medida cautelar impulsada por los rectores que ordenaba actualizar los fondos, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia. Al ser aceptado, la aplicación de la ley quedó temporalmente suspendida hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.

Mientras el conflicto se dirime en los tribunales, las escenas cotidianas en las facultades dan cuenta de un sistema en estado crítico. Durante el último cuatrimestre, la falta de actualización salarial empujó a miles de profesores a abandonar la docencia, mientras que los paros gremiales obligaron a los alumnos a recurrir a la virtualidad y a reprogramar calendarios académicos, sumando incertidumbre en épocas de exámenes. Además, los hospitales universitarios continúan operando con atención reducida y recursos mínimos.

Del otro lado, el Ministerio de Capital Humano mantiene una narrativa opuesta. Desde la cartera oficialista insisten en que el reclamo por los fondos sufrió una fuerte politización partidaria, reiteran sus cuestionamientos por la supuesta falta de auditorías internas en las facultades y denuncian que, detrás de estas masivas protestas, operan sectores de la oposición que únicamente buscan desgastar la imagen de la gestión nacional.