El juicio contra Ruth Nadal, la docente detenida en mayo de 2025 durante un acto encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo en Simoca, entró en su etapa final. Luego de los alegatos de las partes, el juez de Monteros Marcos Núñez Campero resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, día en que dará a conocer el veredicto.

Antes de la sentencia, la acusada tendrá la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras ante el magistrado.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal José Adle, representante de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, solicitó una pena de un año de prisión de ejecución condicional para Nadal por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves. La acusación sostiene que la docente agredió a la agente policial Katerin Johana Romano durante el operativo de seguridad desplegado en el acto oficial.

Según planteó la Fiscalía, Nadal mantuvo una actitud “progresivamente violenta”, alteró el normal desarrollo de la ceremonia y desobedeció las órdenes impartidas por los efectivos. Adle afirmó además que la mujer gritó consignas contra las autoridades, filmó “de forma invasiva” a los policías y trató de acercarse al gobernador, situación que derivó en un forcejeo.

En ese contexto, siempre según la versión fiscal, la docente lanzó patadas, rasguñó a la agente Romano y le rompió la remera. “El derecho a manifestarse jamás habilita a alterar el orden público ni ejercer violencia física contra una agente que cumple su deber”, sostuvo el representante del MPF.

La Fiscalía también remarcó que los informes médicos coinciden con los testimonios de los policías que participaron del procedimiento. No obstante, consideró como atenuantes la falta de antecedentes penales y las condiciones personales de la imputada.

La defensa de Nadal, encabezada por el abogado Benjamín Núñez Arévalo, pidió la absolución y aseguró que la detención fue arbitraria y violatoria de derechos humanos.

El letrado sostuvo que el caso representa “una criminalización del disenso político” y argumentó que su defendida ejerció el derecho a resistir una orden ilegítima. Además, señaló que los rasguños sufridos por la policía fueron consecuencia de una reacción defensiva durante el arresto.

También reclamó que se tengan en cuenta las imágenes captadas por drones durante aquella jornada y afirmó que otras personas habían logrado acercarse a los anillos de seguridad sin ser detenidas.

“La estigmatizaron como la directora loca que quiso llegar al gobernador”, expresó Núñez Arévalo, quien además cuestionó las 48 horas de detención que atravesó Nadal tras el episodio ocurrido durante el aniversario de la municipalización de Simoca.

Antes de cerrar la audiencia, la agente Romano negó cualquier motivación política en el procedimiento y aseguró que sólo cumplía órdenes en el marco de sus funciones policiales.