Dos efectivos policiales fueron imputados por presuntamente exigir dinero durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Tiro Federal, en San Miguel de Tucumán. La causa es investigada por la Unidad Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira.

Los acusados, de 29 y 51 años —este último con rango de comisario y funciones en Banda del Río Salí— quedaron sometidos a medidas de menor intensidad por el plazo de seis meses mientras avanza la investigación judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 25 de enero de 2024 durante un procedimiento ordenado en el marco de una causa por robo agravado. El allanamiento tenía como objetivo secuestrar una camisa de grafa perteneciente a la Municipalidad de Banda del Río Salí y un teléfono celular Samsung Galaxy A14.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, durante el operativo los policías encontraron 22 kilos de hojas de coca en el inmueble. A partir de ese hallazgo, uno de los efectivos convocó al comisario imputado, quien llegó minutos después al lugar.

El auxiliar fiscal Leandro Abdala sostuvo que ambos policías habrían intimidado a una de las personas presentes en la vivienda y le exigieron una importante suma de dinero a cambio de no detenerlo ni secuestrar la mercadería hallada.

La investigación señala que las víctimas, bajo presión, reunieron el dinero solicitado utilizando sus propios ahorros y entregaron la suma a los acusados. Posteriormente, según la Fiscalía, los policías reemplazaron a un testigo del procedimiento por una vecina y asentaron datos falsos en el acta del allanamiento, dejando constancia de que no se habían encontrado elementos relevantes.

Finalmente, los efectivos se retiraron llevándose tanto el dinero como los 22 kilos de hojas de coca, siempre según la versión del Ministerio Público Fiscal.

La causa fue calificada provisoriamente como extracciones ilegales agravadas en concurso real con falsedad ideológica en perjuicio de la administración pública y la fe pública. No obstante, la jueza interviniente advirtió que la imputación podría agravarse a medida que avance la investigación, incluyendo eventualmente el delito de extorsión.