La Justicia penal de la provincia convalidó un acuerdo que generó fuertes repercusiones en el ámbito policial y social. Una mujer de 28 años, identificada en las redes sociales bajo el seudónimo de “Lala”, fue condenada a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional luego de haber reconocido su autoría en una serie de robos ejecutados bajo la modalidad de “viuda negra”. Mediante un acuerdo de juicio abreviado que abarcó tres legajos delictivos graves en los que actuó junto a una cómplice, la imputada admitió haber colocado sustancias narcóticas en las bebidas de al menos cinco hombres para dejarlos en un estado absoluto de indefensión, logrando así desvalijar sus pertenencias sin resistencia alguna. Pese a la gravedad del modus operandi, la condenada quedó en libertad debido a que la pena está en suspenso, un beneficio fundamentado, entre otros atenuantes, por el hecho de ser madre de tres hijos menores de edad, incluyendo un lactante de cuatro meses.

Los hechos delictivos ventilados durante la audiencia judicial exponen un patrón criminal sistemático y coordinado que se extendió en el tiempo. El primero de los ataques reconocidos por “Lala” ocurrió en agosto de 2024, cuando junto a su compañera de andanzas interceptaron a dos hombres que consumían bebidas en un departamento ubicado en la zona de Mendoza al 300, en la capital tucumana; una vez que las víctimas perdieron el conocimiento por los sedantes, les sustrajeron celulares, prendas de vestir y plásticos de débito y crédito con los que luego realizaron masivas transferencias de dinero, compras y pagos de servicios digitales. El segundo episodio tuvo lugar en diciembre de 2025, cuando las delincuentes abordaron a otros dos hombres en un local bailable y, bajo engaños, los trasladaron hacia una vivienda de la calle Entre Ríos al 200, en la ciudad de Tafí Viejo, donde les suministraron los estupefacientes para robarles documentación, teléfonos y una importante suma de dinero en efectivo y moneda extranjera.

El botín en el Barrio Norte y los argumentos de la fiscalía

El tercer golpe criminal de la banda se ejecutó apenas dos días después de la incursión en Tafí Viejo. En esa oportunidad, las mujeres interceptaron en la intersección de San Juan y José Colombres a un hombre que regresaba de madrugada a su domicilio. Tras entablar una conversación informal para ganarse su confianza, se movilizaron hacia una propiedad situada en Santiago al 1.000, en pleno Barrio Norte capitalino. Allí repitieron de forma fáctica la maniobra: le suministraron una potente sustancia narcótica en la bebida y, una vez que el propietario perdió la conciencia, saquearon la vivienda apoderándose de una valija que contenía una cuantiosa suma de divisas extranjeras destinadas a ahorros personales.

El auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, integrante de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, conducida por Diego López Ávila, fue contundente al describir la peligrosidad de la imputada ante el juez: “Existió una clara reiteración delictiva y un mismo modus operandi causando un importante perjuicio patrimonial a las víctimas, quienes fueron desapoderadas de dinero, bienes de valor y dispositivos móviles. Las acusadas se aprovecharon deliberadamente del estado de indefensión absoluta de los hombres, colocando sustancias químicas en las bebidas para facilitar y asegurar la comisión de los ilícitos”.

Resarcimiento millonario y restricciones de conducta

Más allá de eludir la prisión efectiva en el penal de Banda del Río Salí, la resolución del conflicto judicial le impuso a la delincuente severas restricciones de conducta y una penalidad económica de envergadura para intentar reparar el daño causado a los denunciantes. El acuerdo homologado por el magistrado interviniente dictaminó que “Lala” deberá resarcir a los damnificados con un monto de 4,5 millones de pesos, una cifra que se suma a los 4 millones de pesos que su cómplice ya había depositado previamente en concepto de reparación civil obligatoria.

De igual manera, para mantener el beneficio de la libertad condicional, la mujer tendrá prohibido de forma absoluta acercarse a los domicilios, lugares de trabajo o entornos frecuentes de cualquiera de los cinco hombres afectados, así como entablar cualquier tipo de comunicación física o virtual con ellos. El control de estas medidas de coerción quedará bajo la estricta órbita del Patronato de Internos y Liberados de la provincia, advirtiéndose que cualquier incumplimiento mínimo de las pautas fijadas o la comisión de un nuevo delito menor provocará la revocación inmediata de la condicionalidad, ordenándose su detención y traslado a un establecimiento penitenciario de forma efectiva.