El Gobierno de Tucumán dispuso la exoneración definitiva de su cargo al agente estatal José René Moyano, quien fue condenado por la Justicia provincial a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional por resultar autor responsable del delito de abuso sexual simple, doblemente agravado por su condición de encargado de la educación de la víctima. La fuerte medida administrativa y disciplinaria quedó formalizada a través del Decreto Nº 1.458/5 (MEd), publicado este martes en el Boletín Oficial de la provincia con la firma del gobernador Osvaldo Jaldo.

La resolución del Ejecutivo clausura formalmente el sumario administrativo que había sido iniciado por el Ministerio de Educación en octubre de 2024, a raíz de una denuncia por un hecho de abuso registrado en la Escuela Secundaria “José Mariano Gómez” de la localidad de Lules, establecimiento público donde Moyano ejercía funciones como preceptor. El instrumento legal confirma cada uno de los cargos formulados contra el agente durante la investigación y le aplica la sanción máxima prevista por el Estatuto del Docente (Ley Nº 3.470), al determinarse un incumplimiento intolerable de sus obligaciones funcionales.

Los antecedentes incorporados al expediente administrativo detallan que el sumario sumó como prueba fundamental la sentencia de condena dictada el 29 de mayo de 2024 en la causa de órbita penal caratulada “Moyano José René s/ Abuso Sexual”. La investigación interna determinó que el preceptor quebrantó abiertamente los deberes esenciales de la profesión docente, los cuales exigen un desempeño digno, leal y una conducta moral intachable. La sanción de exoneración fue recomendada inicialmente por los instructores de la causa, contando luego con el aval jurídico de la Fiscalía de Estado.

En sus fundamentos, el decreto provincial remarca que la destitución del abusador se ejecuta en estricto resguardo del interés superior de niños, niñas y adolescentes, invocando de manera directa las disposiciones de la Ley Nacional Nº 26.061 y de la Ley Provincial Nº 8.293 de protección integral de derechos. Con la publicación del decreto, se ordenó notificar de inmediato la medida a las Juntas de Clasificación Docente y a la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, disponiendo la inhabilitación absoluta de Moyano para reingresar al sistema educativo tucumano en carácter de titular, interino o suplente.

La drástica resolución marca el final de un proceso en el cual la cartera educativa, encabezada por la ministra Susana Montaldo, había ordenado inicialmente la separación preventiva del preceptor de sus funciones habituales y la consecuente suspensión de sus haberes. Aunque esa última retención monetaria fue revocada parcialmente con posterioridad tras un recurso jerárquico de reconsideración interpuesto por la defensa del docente, el apartamiento físico del agente de las aulas de Lules se mantuvo firme durante todo el desarrollo de la instrucción sumarial.

Esta destitución se enmarca en una serie de medidas drásticas adoptadas recientemente por la administración provincial contra personal educativo involucrado en causas de índole sexual. Entre los antecedentes inmediatos de exoneración figuran la expulsión de Jorge David Perea, acusado de abuso en El Manantial; la sanción a Juan Carlos Zerrizuela, por acoso a cinco alumnas; el apartamiento de Ignacio Eduardo Del Olmo por chats inapropiados con una menor; y los despidos de Adrián Alberto Abregú y del preceptor Miguel Ángel Carrizo, ambos separados del sistema tras recibir condenas efectivas por abusos contra estudiantes.