Una concesionaria de San Miguel de Tucumán quedó bajo investigación judicial luego de que 15 personas denunciaran haber entregado sus vehículos para su comercialización y no haber recibido el dinero correspondiente por las operaciones.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo del fiscal Diego Alejo López Ávila. Durante una audiencia realizada este lunes, el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto solicitó extender por tres meses el plazo de la investigación y la prisión preventiva del imputado.

Además, la Fiscalía formuló una nueva acusación y atribuyó al empresario 15 hechos de estafas reiteradas. El acusado se desempeñaría como titular de la concesionaria Digital Cars, ubicada en Lucas Córdoba al 1000.

Según expuso el representante del Ministerio Público Fiscal, las denuncias presentan una modalidad similar. El imputado ofrecía servicios de intermediación y venta de automotores a través de la concesionaria y de publicaciones realizadas en redes sociales.

De acuerdo con la investigación, las personas damnificadas confiaban sus vehículos a la empresa para que fueran comercializados. Sin embargo, una vez concretadas las operaciones, no recibían el dinero pactado y quedaban sin el automóvil y sin el pago correspondiente.

En algunos casos, las víctimas habrían recibido cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. En otros, el empresario habría asumido compromisos de pago y prometido cancelar las deudas en un plazo breve, aunque los montos acordados nunca habrían sido entregados.

Durante la audiencia, Rodríguez del Busto sostuvo que la cantidad de personas afectadas, que ya asciende a 15, permite prever una eventual pena de cumplimiento efectivo.

El auxiliar fiscal también señaló que aún restan realizar dos medidas de investigación y afirmó que continúan vigentes los riesgos procesales que justificaron la imposición de la prisión preventiva.

Ahora, el juez interviniente deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía y dispone la prórroga por tres meses de la investigación y de la medida cautelar contra el acusado.