A casi cinco años de la muerte del arquitecto Julio Scidá, volvió a quedar en suspenso el cierre de una causa que se convirtió en uno de los casos emblemáticos de violencia urbana en Tucumán. La audiencia en la que se iba a resolver la situación de Ángel Ismael Cativa quedó suspendida luego de que uno de los hijos de la víctima rechazara el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa.

“No tenemos ningún interés en participar de este proceso. No estamos de acuerdo con todo lo que se hizo durante todos estos años. Esto es un circo”, expresó Agustín Scidá, hijo del arquitecto fallecido.

El planteo sorprendió durante la audiencia y obligó a postergar una definición. La auxiliar fiscal Luz Becerra solicitó la suspensión del trámite debido a que faltaba incorporar un informe sobre Cativa y por la postura adoptada por el familiar de la víctima. La defensa, encabezada por Camilo Atim, no se opuso al pedido.

El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 16 de octubre de 2021, en la esquina de calle Las Rosas y avenida Presidente Perón, en Yerba Buena. Todo comenzó cuando Patricio Scidá, hijo del arquitecto, cruzaba la avenida y observó que un motociclista, identificado como Cativa, circulaba a gran velocidad y había pasado un semáforo en rojo.

El joven le recriminó esa maniobra al conductor. Según consta en la investigación, Cativa detuvo su marcha, regresó al lugar y comenzó una discusión con Scidá. La pelea escaló y el motociclista habría golpeado en varias oportunidades al joven.

La escena fue observada por Julio Scidá, quien esperaba a su hijo dentro de una camioneta. El arquitecto descendió del vehículo con la intención de intervenir, pero terminó siendo atacado por Cativa, quien había practicado artes marciales durante varios años.

Producto de la agresión, Scidá sufrió graves heridas y murió días después. La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Sale, quien acusó a Cativa por homicidio simple.

En agosto de 2022, un tribunal integrado por Carolina Ballesteros, María Soledad Hernández e Isolina Apás Pérez de Nucci condenó al acusado a 11 años de prisión al considerar acreditada la responsabilidad por la muerte del arquitecto.

La defensa apeló la resolución y, al año siguiente, otro tribunal integrado por Juana Juárez, Patricia Carugatti y Facundo Maggio confirmó la calificación del hecho, aunque redujo la pena a nueve años de prisión. Maggio votó en disidencia.

Luego, el defensor recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que ordenó revisar nuevamente la sentencia. Un nuevo tribunal, conformado por María Jimena Suárez, Agustín Francisco Puppio y Laura Julieta Casas, ratificó la condena.

Sin embargo, la defensa volvió a recurrir y cuestionó que se haya utilizado un informe sobre la formación de Cativa en taekwondo que no había sido incorporado mediante declaración oral, además de señalar que no estaba probado que hubiera tenido intención de matar.

También sostuvo que la reacción del acusado se produjo en el marco de una pelea iniciada tras una provocación y que no existió intención homicida.

La Corte provincial, con los votos de Daniel Leiva y Daniel Posse, y la disidencia de Antonio Estofán, anuló por segunda vez la sentencia y estableció que el hecho debía ser encuadrado como homicidio preterintencional, es decir, cuando una persona causa una muerte sin haber tenido la intención de provocarla.

“Debe descartarse de plano que el imputado haya tenido intención de matar e incluso que la muerte le resultara indiferente”, sostuvo Leiva en su voto, al considerar que los golpes se dieron dentro de un contexto de confrontación.

Con esa resolución, la Fiscalía decidió continuar la discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal nacional indicó que no podía intervenir hasta que Cativa tuviera una condena definitiva.

Ante ese escenario, la Fiscalía y la defensa habían acordado cerrar el expediente mediante un juicio abreviado: Cativa reconocería su responsabilidad y recibiría una pena de tres años de prisión condicional, mientras el Ministerio Público mantendría su reclamo ante la Nación.

Pero la negativa de Agustín Scidá cambió el rumbo del trámite. Ahora el fiscal Sale deberá reunirse nuevamente con la familia para comunicarles su decisión de continuar con el proceso, mientras que la defensa mantiene su postura de buscar el cierre definitivo con una condena por homicidio preterintencional.