La Justicia provincial allanó las viviendas de dos alumnos de 14 y 12 años que llevaron armas de fuego a escuelas de San Miguel de Tucumán y Alderetes. Aunque ambos son menores no punibles, la investigación continúa para determinar cómo accedieron al armamento y si sus padres u otros adultos incurrieron en responsabilidades penales o civiles.

Las medidas fueron solicitadas por la Unidad Fiscal Criminal N° 1, conducida por el fiscal Ernesto Salas López y representada por el auxiliar fiscal Elías Acuña. Las órdenes que autorizaron el ingreso de la Policía a los inmuebles fueron firmadas por la jueza Ana María Iácono, titular del Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Centro Judicial Capital.

En sus resoluciones, la magistrada remarcó que la condición de no punibilidad de los estudiantes no impide continuar con la investigación. El objetivo es individualizar a los mayores de edad que pudieron haber intervenido en la entrega, custodia, guarda o tenencia irregular de las armas.

El primero de los episodios ocurrió el 25 de agosto en la Escuela Congreso de Tucumán, ubicada en Congreso al 600, en San Miguel de Tucumán. Alrededor de las 14, mientras un docente evaluaba a alumnas de tercer año, se escuchó una detonación dentro del aula.

El estudiante involucrado, de 14 años, sostuvo inicialmente que el ruido había sido provocado por un petardo. Sin embargo, la intervención de las autoridades escolares y la aparición de videos grabados por otros compañeros llevaron al adolescente a entregar el arma que ocultaba entre sus prendas.

Se trataba de un revólver Taurus calibre .38, de doble acción. Dentro del aula se encontró un proyectil y se comprobó que el disparo había impactado debajo del pizarrón. Pese a la presencia de numerosos estudiantes, ninguna persona resultó herida.

En el marco de la investigación, el adolescente manifestó que había sustraído el revólver a la pareja de su madre. La mujer ratificó esa versión cuando se presentó en el establecimiento.

No obstante, durante las actuaciones policiales surgieron registros fílmicos en los que se observaría al menor manipulando otras armas, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros. Ante ese hallazgo, la Fiscalía solicitó allanar la vivienda familiar, ubicada en las inmediaciones del parque Guillermina.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Segunda, quienes recibieron la orden de buscar y secuestrar armas de fuego, cargadores, municiones y cualquier otro elemento de interés para la causa.

El segundo caso ocurrió durante la mañana del 27 de agosto en la Escuela Media de Los Gutiérrez, en Alderetes. Directivos y docentes fueron advertidos por alumnos y tutores de que una estudiante de primer año tenía un arma dentro del curso.

La adolescente, de 12 años, fue apartada del aula y trasladada a la Dirección. Cuando revisaron sus pertenencias, encontraron en el bolsillo delantero de su buzo un revólver Bagual calibre .22 con seis cartuchos y dos vainas servidas en el tambor.

La menor fue derivada preventivamente al Centro de Admisión y Derivación y posteriormente quedó nuevamente bajo la responsabilidad de sus progenitores.

Luego del procedimiento, el padre de la estudiante se presentó como integrante de la Policía de Tucumán y con funciones en la Dirección General de Prevención Ciudadana. Esa circunstancia llevó a la Fiscalía a profundizar la investigación para establecer a quién pertenecía el arma, si se encontraba legalmente registrada y cómo quedó al alcance de la niña.

La jueza Iácono autorizó a la Comisaría de Alderetes a allanar la vivienda familiar. La orden incluyó la búsqueda y el secuestro de todo tipo de armamento y municiones, además de la requisa de los moradores y el registro de los vehículos que se encontraran dentro del predio.

Los procedimientos buscan determinar cómo dos armas, una de ellas cargada y la otra utilizada dentro de un aula, terminaron en poder de menores de edad. También se investigará si los adultos responsables adoptaron las medidas obligatorias para impedir el acceso al material balístico.

Una de las figuras legales bajo análisis es la contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal. La norma establece penas de entre tres años y seis meses y 10 años de prisión para quien entregue un arma de fuego a una persona menor de 18 años.

Para que esa figura pueda aplicarse, la Justicia deberá determinar si efectivamente existió una entrega o facilitación del arma. También se analizará si alguno de los adultos tenía las armas sin autorización o incumplió otras obligaciones legales relacionadas con su tenencia y custodia.

La investigación penal contra los mayores de edad es independiente de la situación de los alumnos, quienes por sus edades no pueden ser responsabilizados penalmente bajo el régimen vigente. La Justicia también deberá evaluar las medidas de protección y acompañamiento necesarias para ambos estudiantes.

En el ámbito civil, los progenitores pueden responder por los daños ocasionados por sus hijos menores mientras se encuentren bajo su responsabilidad parental. Cualquier eventual indemnización deberá ser determinada judicialmente de acuerdo con las circunstancias concretas de cada hecho.

Hasta el cierre de las actuaciones no se había informado oficialmente si durante los allanamientos fueron encontradas otras armas o municiones. La Fiscalía continuará analizando la documentación, los videos y los testimonios incorporados para reconstruir la procedencia del armamento y establecer las responsabilidades de los adultos involucrados.