La Justicia formuló cargos contra Andrea Natalia Gómez Gallo, de 32 años, y Carla Agostina Montenegro, de 30, tras una investigación que reveló una serie de operaciones fraudulentas realizadas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025. La audiencia se llevó a cabo este jueves y estuvo a cargo del auxiliar fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que conduce Diego López Ávila.
Según la acusación, Gómez Gallo tenía acceso al usuario y la contraseña del home banking de su ex suegro porque tiempo atrás lo había ayudado a configurar y manejar ese canal bancario. Con esos datos, habría ingresado sin permiso a la cuenta sueldo de la víctima para tramitar créditos a su nombre y derivar luego el dinero hacia cuentas de su titularidad y de Montenegro.
Créditos tramitados y plata que cambiaba de manos
La secuencia, reconstruida por la Fiscalía, muestra una seguidilla de movimientos. El primero se registró el 19 de noviembre de 2024, con un crédito de $650.000 que fue transferido de inmediato a una cuenta vinculada a la propia acusada. Menos de tres meses después, el 3 de febrero, se sumaron tres transferencias por $300.000, $50.000 y $40.000, también hacia cuentas de Gómez Gallo.
En abril se dio el movimiento de mayor volumen: un crédito por $1.200.000 gestionado el día 21, cuyo importe fue dividido en dos transferencias —$500.000 y $700.000— destinadas a una cuenta de Montenegro. La maniobra no se detuvo ahí: en junio hubo una nueva transferencia por $326.600 y en julio se tramitó otro crédito, esta vez por $1.510.000, del que $1.500.000 terminaron en poder de la acusada principal.
Ya en agosto se sumó una transferencia de $290.000 y, como cierre del esquema, el 25 de septiembre de este año se gestionó un último crédito por $300.000 que fue transferido en su totalidad ese mismo día. El total de las operaciones dejó a la víctima con un perjuicio económico de $4.656.600.
Las imputaciones y las restricciones fijadas
Para la Fiscalía, Gómez Gallo cometió el delito de defraudación mediante manipulación informática, mientras que Montenegro fue acusada de encubrimiento por receptación dolosa, al haber recibido $1.200.000 en su cuenta a sabiendas de que ese dinero provenía de la maniobra ilícita.
Tras la formulación de cargos, el fiscal pidió que se aplicaran medidas cautelares de menor intensidad por cuatro meses para ambas mujeres, con el objetivo de no entorpecer el avance de la causa. La jueza a cargo de la audiencia hizo lugar al pedido en su totalidad, por lo que las dos acusadas deberán respetar las reglas de conducta fijadas durante ese período.
