El fantasma del gravamen a la generación limpia volvió a reactivarse en la provincia de Buenos Aires. Tras el antecedente de Puerto Madryn en 2020, donde la Justicia federal frenó un intento municipal de aplicar un tributo encubierto cercano al 5% de la facturación eléctrica de los parques eólicos, la comuna bonaerense de Olavarría logró convalidar una Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) sobre las generadoras de la zona. No obstante, el avance recaudatorio local colisiona ahora contra dos sentencias de fondo dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), las cuales redefinen los límites constitucionales de los tributos municipales sobre empresas energéticas, entidades bancarias y cadenas comerciales.

El esquema implementado por la administración olavarriense, conducida por el intendente Maximiliano Wesner, atravesó diversas etapas de negociación. En una primera instancia, el Ejecutivo comunal pretendió aplicar una alícuota del 1,38% sobre la facturación bruta de parques radicados a decenas de kilómetros del casco urbano. Ante el rechazo corporativo, la pretensión se redujo a una suma fija de USD 5.200 anuales por turbina, hasta alcanzar un acuerdo transaccional: se cobrará entre USD 700 y USD 850 por megavatio (MW) de potencia instalada —bajo una escala decreciente donde a mayor capacidad menor es el canon— a cambio de un compromiso de estabilidad fiscal garantizado por 20 años.

Cuatro parques, el RIGI y una recaudación de USD 380.000
El polo eólico de Olavarría nuclea hoy 82 aerogeneradores distribuidos en cuatro complejos estratégicos:

Cementos Avellaneda: Operado en conjunto por YPF Luz y la cementera homónima (9 molinos y 84 MW de potencia).
Parque Eólico Olavarría: Desarrollado por PCR y ArcelorMittal Acindar, proyecto aprobado dentro del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso de USD 276 millones, que entrará en operación comercial entre diciembre y enero con 30 turbinas y 184 MW iniciales.
Vientos de Olavarría y La Rinconada: Complejos pertenecientes a las firmas Ternium y Tenaris (Grupo Techint), que aportan 43 generadores y 194 MW.

A partir del inicio operativo del desarrollo de PCR y Acindar, el municipio embolsará anualmente entre USD 360.000 y USD 380.000 (entre $540 y $570 millones al tipo de cambio oficial). El proyecto original aprovechó el vacío transitorio dejado por la vigencia del artículo 17 de la Ley 27.191 —norma que prohibía gravámenes locales a las renovables y cuya prórroga hasta 2045 cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de mayoría en el Senado—.

El límite de la Corte Suprema: costo del servicio vs. recaudación
Pese a la tregua pactada entre las energéticas y la comuna para blindar sus inversiones de capital intensivo, el escenario legal de las tasas locales experimentó un giro copernicano a partir de dos fallos unánimes dictados el pasado 10 de septiembre por la Corte Suprema de Justicia: Banco de Galicia contra la Municipalidad de Córdoba y Mutual Ferroviaria contra el Municipio de Pergamino.

En ambos pronunciamientos, el máximo tribunal remarcó que las tasas municipales no constituyen impuestos y, por ende, no pueden calcularse sobre los ingresos totales o la facturación del contribuyente. La doctrina de la Corte ratificó que cualquier tasa exige como requisito ineludible la prestación de un servicio estatal concreto, efectivo e individualizado, debiendo tasarse exclusivamente en función de los costos directos e indirectos que le demanda a la administración realizar dicha fiscalización (como las horas técnicas del inspector).

El precedente le propina un golpe directo al andamiaje de las tasas abusivas que asfixian al sector productivo: desde tributos sobre intereses bancarios que trepan hasta el 7,5% en distritos bonaerenses y cordobeses (encareciendo el crédito en más de un 17%), hasta tasas viales sin contraprestación de mantenimiento o gravámenes de seguridad e higiene aplicados a aerogeneradores que ya están bajo la estricta órbita regulatoria del ENReGE, Cammesa y la Secretaría de Energía de la Nación.