Tucumán se convirtió en la primera provincia del país en adecuar su legislación al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, luego de que la Legislatura sancionara el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil. El proyecto obtuvo 44 votos afirmativos y uno en contra durante una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La nueva normativa adapta el marco provincial a la Ley Nacional 27.801, que establece un régimen específico de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años acusados de cometer delitos.

La ley tucumana establece cómo deberán ejecutarse, supervisarse y controlarse las medidas y penas que disponga la Justicia cuando su cumplimiento quede a cargo de organismos provinciales. También incorpora un enfoque socioeducativo orientado a la integración social de los adolescentes y a la reducción de la reincidencia.

Un sistema provincial especializado
Uno de los principales cambios será la creación del Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, que funcionará bajo la órbita del Poder Judicial.

Los supervisores tendrán a su cargo el seguimiento individual de los adolescentes, el control del cumplimiento de las medidas ordenadas por la Justicia y la articulación con los organismos e instituciones que intervengan en sus procesos de reintegración social.

La normativa establece además que las penas de privación de la libertad deberán cumplirse en establecimientos especializados para menores de 18 años.

Para ese objetivo se crea el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil “Cura Brochero”, que tendrá a su cargo la ejecución de penas y determinadas medidas contempladas en el nuevo régimen.

El sistema fija entre sus objetivos la responsabilización de los adolescentes frente al delito, su integración social, la reducción de la reincidencia y la protección de las víctimas y de la comunidad.

Cinco proyectos y trabajo entre los tres poderes
El proyecto fue analizado en la Comisión de Legislación General de la Legislatura, presidida por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

Durante el tratamiento se realizaron reuniones y mesas de trabajo con representantes de los tres poderes del Estado, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, funcionarios del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y abogados especializados en las distintas áreas involucradas.

Vargas Aignasse destacó el trabajo realizado para adaptar la estructura provincial al nuevo régimen nacional y planteó que la respuesta estatal no debería limitarse al cumplimiento de una pena.

“Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo”, sostuvo.

El legislador explicó que Tucumán ya dispone de dispositivos que dependen de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, aunque deberán ser adaptados a las nuevas edades y condiciones previstas por la normativa.

El rol de los supervisores
El legislador Mario Leito señaló que la sanción de la ley nacional constituye solamente el punto de partida y que las provincias deben desarrollar las herramientas necesarias para garantizar su aplicación.

“Una cosa es la ley sancionada, la baja de imputabilidad, y otra cosa es buscar la manera para la aplicación de la norma”, afirmó.

Durante el debate provincial se analizaron las modificaciones administrativas y procesales necesarias para implementar el nuevo régimen, además de la dependencia institucional que tendría el cuerpo encargado de supervisar a los adolescentes.

Finalmente, se estableció que los supervisores funcionarán dentro de la estructura del Poder Judicial.

Por su parte, el legislador Agustín Romano Norri explicó que la iniciativa surgió de la unificación de cinco proyectos y remarcó la necesidad de que el nuevo sistema contemple herramientas para favorecer la reinserción social y laboral de los adolescentes.

Con la sanción de esta ley, Tucumán completa la primera adecuación provincial al nuevo esquema nacional y establece las estructuras específicas que deberán intervenir en la ejecución y supervisión de las medidas y penas aplicadas a adolescentes.