Un grupo de clínicas decidió finalmente no suspender mañana y el jueves la atención a afiliados al PAMI en buena parte del país, aunque la interrupción de servicios se concretará en centros de salud privados de las provincias de la Patagonia. La medida de fuerza por 48 horas, anunciada la semana pasada, fue relajada tras el anuncio de la obra social sobre incrementos de aranceles de entre 5% y 12%, comunicados a los prestadores como una propuesta de ajuste. Las entidades médicas, sin embargo, señalaron que el levantamiento temporal de la protesta “no implica conformidad” con esos aumentos, que consideran insuficientes frente al atraso acumulado.

Decisión de Capress y continuidad en la Patagonia
La suspensión del corte fue acordada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), que agrupa a poco más de 40 centros médicos del AMBA y del interior. En contraste, la agrupación Clínicas de la Patagonia ratificó la medida: “Ratificamos las medidas”, afirmó Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII, de la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Por esa razón, se prevé que mañana y el jueves permanecerán interrumpidos —salvo urgencias— los servicios a afiliados al PAMI en establecimientos privados de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, provincias representadas por esa agrupación.

Diálogo abierto y reunión programada
Capress informó en un comunicado que su comisión directiva resolvió no efectuar la medida “en virtud de la reunión que se mantendrá el próximo jueves 22 de octubre con las autoridades del PAMI”. Aun así, reiteró que el incremento comunicado “sigue resultando realmente insuficiente” y advirtió sobre la persistencia de problemas prestacionales que requieren soluciones para dar reglas claras en los modelos prestacionales y retributivos.

Desde el PAMI se indicó que, para los módulos quirúrgicos, habrá un aumento con impacto en prestaciones realizadas desde septiembre, y que para otros módulos las subas serán de aplicación a atenciones efectuadas en octubre. La obra social destacó que “hay diálogo abierto” y confirmó la reunión con prestadores “para seguir trabajando a futuro”.

Brecha entre aranceles e inflación
Las subas comunicadas, presentadas por las autoridades como “un esfuerzo significativo”, están lejos de compensar el atraso que, según las cámaras, acumulan los aranceles. Un índice elaborado por Capress muestra que, entre diciembre de 2022 y junio de 2026, el valor cápita del segundo nivel de atención aumentó nominalmente 447,47%, mientras que la inflación minorista, según el Indec, fue de 942,35%. Ese nivel de atención incluye internación, cirugías de baja y mediana complejidad y otros servicios de alta utilización por afiliados al PAMI.

De esa brecha se desprende que los valores abonados por el PAMI deberían incrementarse en más de 90% para equiparar la evolución del costo de vida. Asimismo, en el mismo período los precios de los medicamentos aumentaron 1181,70%, según un índice de Capress basado en datos del Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos.

Tomando como referencia el periodo desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la cápita por paciente del PAMI subió 110,55% frente a una inflación de 241,8%; por lo tanto, sería necesario un incremento de 62% para que la variación de los aranceles iguale la evolución general de precios.

Recomposiciones parciales y antecedentes de conflictividad
En lo que va de 2026 hubo recomposiciones limitadas: 1,9% en junio y 8% en julio para algunas prácticas. Las clínicas de la Patagonia registraron ya expresiones previas del conflicto con el PAMI que afectaron a pacientes, como la suspensión de atención por 24 horas a fines de agosto. Además, prestadores del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también afectaron servicios en episodios de protesta recientes.

Reclamos sobre contratos, cupos y cargas fiscales
Las cámaras reclaman cambios en las condiciones contractuales —por ejemplo, la existencia de cupos para determinadas prácticas— y un abordaje de problemas estructurales del modelo prestacional. También señalan la falta de respuesta a una solicitud de audiencia urgente cursada el 14 de septiembre al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para discutir la necesidad de una reforma tributaria y buscar alternativas ante la situación de casi 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco. Esas deudas están, en muchos casos, amparadas por la prórroga de la medida que impide a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) iniciar ejecuciones fiscales por obligaciones impagas, una disposición de larga data que las cámaras consideran necesaria revisar.