El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a cuatro policías y a un civil por el secuestro extorsivo de un joven de 28 años, que fue mantenido cautivo en una dependencia policial mientras sus captores le exigían un rescate a su madre. El hecho ocurrió en febrero de 2024 y se inició con una falsa operación de compra de marihuana en el barrio privado El Portal del Parque.

Quiénes son los condenados

Los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán declararon culpables al comisario Gustavo Ezequiel Morales, al oficial principal Ángel Sebastián Gómez, al cabo primero Sergio Daniel Díaz, al agente Franco Javier Jiménez y al civil Facundo Nahuel Amaya.

El tribunal consideró probada la responsabilidad de los cinco en el secuestro extorsivo, agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas y por la condición de policías de varios de los involucrados.

El engaño

Todo comenzó la noche del 23 de febrero de 2024. A través de un grupo de Telegram llamado “Flores Tucumán” y de mensajes de WhatsApp, Amaya, que se presentó como “Rafael”, se comunicó con la víctima para pedirle 20 gramos de flores de cannabis por $30.000.

Cerca de las 22, los involucrados llegaron a la casa del joven, en Silvano Bores al 300, dentro del barrio privado. Amaya le dio $20.000 y logró que saliera a la calle para cobrar los $10.000 restantes en un Renault Megane gris, propiedad de Díaz.

Cuando el joven se acercó al auto, policías armados lo redujeron y lo obligaron a subir. En el camino a la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, en el pasaje 20 de Junio al 300, del barrio San Cayetano, uno de los captores lo golpeó.

Ya en la dependencia, lo llevaron a un comedor ubicado en el fondo del edificio, donde siguieron las agresiones físicas y psicológicas. Según se acreditó, también lo obligaron a desnudarse y le sacaron fotografías.

El procedimiento no fue asentado en los libros de guardia y no existía orden judicial ni investigación abierta en la Fiscalía de Narcomenudeo que lo justificara.

Cómo cobraron el rescate

Mientras algunos acusados custodiaban al joven en la dependencia, otros volvieron al barrio privado y le pidieron a su hermano el teléfono de un familiar para negociar la liberación. Parte de esos movimientos quedó grabada por las cámaras de seguridad del complejo.

Desde el celular de Amaya llamaron a la madre de la víctima. Le dijeron que tenían pruebas que vinculaban a su hijo con el narcotráfico, pero que lo dejarían ir sin causa penal si entregaba entre $200.000 y $250.000.

La mujer fue a la dependencia, comprobó que su hijo estaba retenido y negoció de forma directa con los captores. Se fue a juntar el dinero y regresó cerca de las 2 del 24 de febrero. Tras pagar $240.000, pudo llevarse al joven.

La investigación

El caso fue investigado en sus inicios por el fiscal federal Agustín Chit y el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Fueron claves los testimonios de las víctimas, la declaración de un policía de guardia que advirtió el ingreso irregular del joven, los peritajes de celulares y las imágenes de las cámaras.

Díaz, Gómez y Jiménez fueron procesados con prisión preventiva y con un embargo de $2 millones. En su declaración, Díaz intentó despegarse del hecho: dijo que había salido a tomar un café con Gómez y que ambos llevaron a un conocido hasta la vivienda y actuaron como policías al notar una supuesta compra de marihuana.

Más tarde, el Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina identificó al jefe de la dependencia, el comisario Morales, y lo detuvo tras un allanamiento en el Barrio Policial IV, donde secuestraron armas, municiones, agendas y dispositivos digitales.

Las condenas

En el juicio oral, el fiscal general Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg sostuvieron que Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron un rol central en la ejecución del secuestro, que Amaya intervino en el engaño y que Morales permitió usar la dependencia para mantener cautivo al joven.

La Fiscalía había pedido penas de hasta 15 años de prisión. El tribunal fijó 10 años y seis meses para Morales, Gómez, Díaz y Jiménez, y 10 años para Amaya. Además, los cuatro policías recibieron una inhabilitación especial de 10 años para ejercer cargos policiales.

Los jueces consideraron a Morales partícipe necesario y a Gómez, Díaz y Jiménez coautores. A Amaya también lo consideraron coautor, y no partícipe secundario como había planteado la Fiscalía.

El fallo mantiene las prisiones preventivas y dispone el decomiso del Renault Megane utilizado en el hecho.

Indemnización por daño moral

El tribunal también aceptó la demanda civil de la Defensoría de Víctimas. Condenó a los cinco acusados y a la Provincia de Tucumán a pagar, de manera solidaria, $2 millones a la víctima y $1,5 millones a su madre en concepto de daño moral, con los intereses correspondientes.