La medida fue dispuesta tras una presentación del auxiliar fiscal Elías Acuña, en representación de la Unidad Fiscal Criminal I, encabezada por Mariano Fernández. La acusación se basó en denuncias formuladas por efectivos policiales, personal de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y la directora de la Asistencia Pública.

Según la Fiscalía, la imputada representa un riesgo para los empleados de la administración pública, el servicio de Justicia y las fuerzas de seguridad, debido a los reiterados episodios denunciados.

Uno de los hechos investigados ocurrió el miércoles 7 de octubre, alrededor de las 11:30, en pasaje Vélez Sársfield y 9 de Julio.

De acuerdo con la acusación fiscal, la joven se encontraba en la vía pública con la parte superior de su vestimenta descubierta. Cuando fue abordada por efectivos policiales, habría reaccionado de manera violenta, arrojándoles piedras y otros objetos contundentes.

La Fiscalía también sostuvo que amenazó de muerte a los uniformados durante el procedimiento.

Además, Celeste fue imputada por dos episodios ocurridos los días 9 y 17 de octubre en el Palacio de Tribunales. Según la investigación, en ambas oportunidades habría saltado una reja perimetral para dirigirse hacia una ventana del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de la Segunda Nominación, donde se tramita una causa relacionada con su capacidad.

En esos casos, intervino personal policial para contenerla y retirarla del edificio judicial.

La investigación también incluye tres episodios registrados los días 20, 21 y 26 de agosto en la Asistencia Pública.

Según la acusación, la mujer habría provocado disturbios en el sector de admisión y en la sala de espera, mediante gritos, insultos y amenazas dirigidas contra trabajadores, pacientes y la directora del establecimiento.

Entre las expresiones que le atribuye la Fiscalía figura la amenaza: “Los voy a matar a todos si no me atienden”.

El auxiliar fiscal Acuña explicó que estas situaciones generaron temor entre las personas presentes y afectaron el funcionamiento del servicio de salud.

“Esa conducta intimidatoria generó un clima constante de zozobra, miedo generalizado y afectando severamente la normal prestación del servicio público de salud y la integridad física de quienes se encontraban cumpliendo funciones o requiriendo asistencia en el establecimiento”, sostuvo.

Los antecedentes judiciales de Celeste
La joven trans cuenta con antecedentes judiciales y también fue víctima de un grave episodio de violencia institucional.

En 2013 fue detenida ilegalmente en su domicilio mientras se duchaba y trasladada a la Comisaría Cuarta, donde fue alojada en una celda de hombres.

Según su denuncia, sufrió abusos por parte de internos y efectivos policiales. Sin embargo, esas acusaciones no llegaron a una sentencia debido a deficiencias en la investigación. Por la detención ilegal, dos policías fueron condenados.

Posteriormente, en 2021, apuñaló a una trabajadora de un hotel céntrico y recibió otras tres condenas, dos de ellas por robo.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Acuña se refirió a una evaluación médica realizada a la imputada.

“Una junta médica determinó que tiene un trastorno de personalidad pero eso no incide en su capacidad psiquiátrica y mucho menos en sus actos. Entendemos que se debe garantizar el tratamiento psicológico que requiera y psiquiátrico pero con prisión preventiva”, afirmó.

El representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que las denuncias evidencian un riesgo para el normal funcionamiento de diferentes organismos.

“Existe un sistemático riesgo por parte de la imputada para la administración pública, el servicio de justicia y la fuerza de seguridad, en lo que respecta a todos los empleados que componen dichos organismos”, señaló.

Y agregó: “No tan sólo hay denuncias de los empleados policiales sino también de la directora de la Asistencia Pública y de la Secretaría de Superintendencia de la Corte. Los hostigamientos en cada una de estas reparticiones atentan contra el normal funcionamiento de esos servicios”.

Finalmente, se dispuso que Celeste sea examinada por el Cuerpo Médico Forense y posteriormente derivada al Hospital del Carmen, donde se evaluarán el tratamiento que necesita y las condiciones para su alojamiento durante el cumplimiento de la medida judicial.