Los cambios se derivan de la Constitución del país de 2019, que requirió reformas para modernizar los obsoletos códigos judicial y penal de Cuba.

El nuevo marco aborda vacíos legales clave identificados por activistas, que alegan que las autoridades alardearon de que hubo debido proceso tras las manifestaciones sin precedentes del 11 y 12 de julio.

Diputados y jueces cubanos dijeron que las nuevas leyes fomentan la transparencia y aumentan la protección para los acusados ​​de un delito.

Las normas exigen, por ejemplo, que se notifique a los acusados ​​de los posibles cargos en su contra y que se conceda a los detenidos el derecho a un abogado en un plazo de 24 horas.

Los ciudadanos también podrán acceder a sus propios archivos y documentos judiciales, según detalles de la nueva norma.

Eloy Viera, un abogado y analista legal cubano que reside en Canadá, dijo que las leyes eran un gran avance en términos de consagrar el derecho de un ciudadano a defenderse en un tribunal de justicia.

“Esta ley ofrece mucho más garantía y (es) mucho más apegada a los estándares internacionales que la normativa vigente hasta la fecha”, dijo Viera a Reuters.

Pero la forma en que se implementen esas leyes determinará si los cubanos ven o no cambios significativos en sus derechos legales, dijo William LeoGrande, profesor del gobierno en la American University en Washington.

“Las leyes (…) aún les dan a los funcionarios una considerable discreción y solo el tiempo dirá cómo las usan, especialmente en casos políticos”, dijo.

Disidentes y organizaciones de derechos humanos sostienen que más de 1.000 manifestantes fueron arrestados tras las protestas de julio, los mayores disturbios antigubernamentales desde la revolución de Fidel Castro de 1959.