Reclamaban un aumento salarial que eleve el sueldo a $10.000 y se redujo al mínimo la presencia policial en las calles del Gran San Miguel.

Esta situación derivó en saqueos a supermercados, casas de familia y negocios. Vecinos enfrentaron a los delincuentes a los tiros. En la primera noche de incidentes hubo 30 heridos con armas de fuego, cuatro de gravedad.

A la mañana siguiente (10/12), el gobernador José Alperovich, al lado del ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, había afirmado a la prensa: “La seguridad está bien, el ministro de Seguridad, Jorge Gassenbauer, está tratando de dialogar con los policías para ver qué sucede”.

Sin embargo, Víctor Nacusse, vocero de los uniformados que estaban de paro, advirtió que “esto se puede complicar hora tras hora” y -señaló- “podría haberse evitado”. En ese contexto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó que los colectivos circulen hasta las 21, para evitar “ataques a chóferes y pasajeros”.

A su vez, la ministra de Educación, Silvia Rojkés de Temkin resolvió que no haya clases en toda la provincia y en todos los niveles. En horas de la noche, gendarmes comenzaron a vigilar las calles, al menos en la ciudad capital.

Un dato particular es que un importante número de comerciantes se atrincheró en sus locales, armados con lo que tenían a mano, para tratar de repeler a los saqueadores, mientras que otros se defendieron a los tiros.

En algunos barrios se armaron barricadas en las calles para evitar el paso de las motos con los saqueadores. En Lomas de Tafí, algunas familias subieron al techo de sus casas con un cierto temor de ser víctimas de los robos.

En la noche del 10 de diciembre y en medio del caos en la provincia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner bailó en los festejos por el 30° Aniversario de la Democracia en un acto en Plaza de Mayo. Situación que fue muy criticada por los tucumanos. Esa noche ya se hablaba de 10 fallecidos en medio de los disturbios.

Ya en 2014, los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni, imputaron a 47 policías y ex policías por “sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego”, entre otros delitos. La causa fue elevada a juicio en 2018 pero nada ocurrió hasta el día de hoy.

Las acusaciones llegaron hasta el entonces jefe de Policía Jorge Racedo, apuntado por no haber usado las herramientas a su alcance para movilizar a la fuerza.

Por debajo de él, Diego Herrera, Pablo Pérez, Federico Castro, Eugenio Mamaní, Ángel Chaile, Walter García, Miguel Toledo, Flavia Bedmar, Sergio Hogas, Néstor Salinas, Diego Urquiza y Luis Herrera, aparecen señalados como cabecillas de una revuelta a la que se sumaron otros 34 uniformados y un civil, todos imputados.