La Justicia Federal de nuestra provincia fijó un embargo preventivo de $2.500.000 a un productor agropecuario que sería propietario de un campo en el que fueron rescatados 17 trabajadores rurales –entre ellos 8 adolescentes- en febrero de este año, presuntamente víctimas de “trata de personas con fines de explotación laboral”.

La resolución del titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, se conoció ayer y fue notificada a las partes, en las que señala que hace lugar al pedido de la querella –Dres. Melissa Slamich y Lucas Cabañas- y de la fiscal Indiana Garzón, de fijar un embargo preventivo, en tanto que rechaza “por el momento” la inhibición general de bienes.

Cabe recordar que en febrero de este año, al menos 17 trabajadores rurales solicitaron a través de sus abogados la intervención de la Justicia, al asegurar que estaban en condiciones inhumanas y “retenidos” contra su voluntad por el propietario de un campo cerca de la ciudad de Quimilí, departamento Moreno, donde sostienen habrían sido víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral, ya que se negaban a pagarles lo acordado.

El caso salió a la luz cuando efectivos de Gendarmería Nacional rescataron a los trabajadores de las tierras donde estaban viviendo en condiciones deplorables e insalubres.

El propietario fue imputado formalmente y la parte querellante solicitó oportunamente la imputación de la esposa y la detención de ambos, por la gravedad del delito.

En agosto, Cabañas solicitó la imputación formal para la esposa del supuesto dueño, la indagatoria de ambos, la detención de los dos, ya que se trata de un delito no excarcelable y la Cámara Federal de Apelaciones había confirmado el rechazo de la eximición de prisión que la defensa de los sospechosos había planteado, previamente.

La imputación de la mujer sería inminente y ahora requirieron, además, la prisión preventiva y arresto domiciliario para el acusado.

El querellante, además, solicitó que se fijara un embargo preventivo y la inhibición de bienes de los acusados y el establecimiento agrícola, escenario de los hechos.

El matrimonio acusado continuaría residiendo en la ciudad de Quimilí, Moreno.

Este mes, el pedido del embargo e inhibición de bienes había sido reiterado y el juez federal emitió su resolución en la causa.

Parea el magistrado, sí ameritaba fijar un embargo para asegurar que en una eventual sentencia de la demanda iniciada, los 17 damnificados puedan ser resarcidos y que el sospechoso no se desprenda de sus bienes para evitar dicho pago.

En consecuencia, fijó un embargo preventivo de $2.500.000 para el empresario pero rechazó la inhibición de bienes, entendiendo que al menos en esta etapa del proceso no están dados los supuestos que así lo justifiquen.