La decisión 6-3 en el caso, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, se conoció públicamente en mayo por una filtración sin precedentes de un borrador inicial de la opinión de la mayoría, escrito por el juez Samuel Alito.

Pero a pesar de que la versión oficial final fue un poco menos estridente que el documento filtrado, el impacto es el mismo. El derecho al aborto ha sido eliminado como si nunca hubiera existido.

Ahora, la decisión de permitir el procedimiento médico recaerá en los gobiernos estatales individuales, y solo 16, junto al Distrito de Columbia, han aprobado leyes para preservar la opción, mientras que otros dos tienen protecciones constitucionales estatales que han sido citadas por los tribunales estatales como protecciones para el aborto.

La opinión de la mayoría, cuyos firmantes incluyeron al juez Clarence Thomas y a los tres jueces designados por el presidente Donald Trump –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett– dijo en términos inequívocos que Roe de 1973 y un caso de 1992 que reafirmó ese derecho , Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, tuvieron fallos erróneos.

“La Constitución no hace referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, escribió Alito. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, un opositor al aborto que había informado cuando se discutió el caso en diciembre que estaba a favor de mantener la ley de Mississippi en el centro del caso, estuvo de acuerdo con el fallo, pero presentó su propia opinión concurrente en la que dijo que no habría ido tan lejos.

“Hubiera tomado un camino más mesurado”, escribió. “La opinión de la Corte es reflexiva y exhaustiva, pero esas virtudes no pueden compensar el hecho de que su fallo dramático y consecuente es innecesario para decidir el caso que tenemos ante nosotros”.