El ex gobernador de Tucumán José Alperovich pidió que un jurado popular esté a cargo del juicio en el que está acusado de abusar sexualmente y violar a su sobrina. “Que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que me atribuyen son reales o no”, dijo el también senador nacional en su presentación judicial. Para eso planteó que la causa cambie a la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, donde una reciente ley aprobó el juicio por jurados. Pero la Justicia rechazó el planteo, la defensa lo apeló y adelantó que llegará con su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán de 2003 a 2015, fue procesado a principios de mayo por el juez de instrucción Osvaldo Rappa por tres hechos de abuso sexual simple y seis de abuso sexual agravado por haber sido con acceso carnal contra su sobrina en 2017 y 2018, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en Tucumán mientras ella trabajaba para él. Los abusos y violaciones fueron “mediando abuso de poder y autoridad” que por eso y el tiempo que duraron “le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante”.

El ex gobernador fue procesado tras el análisis de distintas pruebas. Entre ellas, conversaciones de whatsapp con la víctima. “Sos muy rígida, tenes que entregarte y aprender a disfrutar”, “sos mi dueña”, “te amo mucho”, y “te voy a proteger siempre”, fueron algunos de esos mensajes. “Mientras se encontraban sentados en un sillón, el encartado se le acerca, se quita su pantalón y prenda interior, mientras le expresaba ´mira como me pones´. A su vez, le desprende la ropa a la denunciante y la obliga a que le toque su miembro. Luego, la lleva a la fuerza al cuarto y le realiza sexo oral a la denunciante, mientras ella intentaba sacárselo de encima suyo diciéndole que no lo hiciese, que se detuviere, que no quería”, fue uno de los hechos -del 9 de marzo de 2018- que constan en el expediente.

La defensa no apeló y así el procesamiento quedó firme para pasar a la etapa de juicio oral. El fiscal del caso, Santiago Vismara, y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, y la querella que representa a la víctima, Pablo Rovatti, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, pidieron su envío a juicio oral.

Todo se encaminaba para que la causa pase a un tribunal oral. Pero Alperovich -que era senador nacional mientras era investigado y pidió licencia en el cargo sin que la Cámara alta analice su conducta para una expulsión- cambió la estrategia. Pidió no ser juzgado por jueces, sino por un jurado de personas. “Lo he pensado con mi familia abogados, y quiero ser juzgado en los términos que establece la Constitución Nacional, a través de un jurado popular. Que el pueblo, en democracia, juzgue si los hechos que me atribuyen son reales o no”, sostuvo con sus abogados, Mariano Cúneo Libarona y Augusto Garrido, en su presentación de principios de junio a la que accedió Infobae.

El jurado popular lo integran ciudadanos -en general son 12- elegidos por sorteo entre las personas que cumplan una serie de requisitos para serlo. Se encargan únicamente de decidir si el acusado es culpable o inocente para lo que, según la ley y el delito, necesitan alcanzar una determinada cantidad de votos. No ponen la pena de prisión en caso de decidir su culpabilidad, lo que hace sí el tribunal de jueces profesionales. Lo que decide el jurado no se puede apelar.

Según la Asociación Argentina de Juicios por Jurados -una entidad civil integrada por jueces, abogados, defensores oficiales-, en el país 11 provincias tienen ley de jurados populares. Son la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Córdoba, cada una con modalidades distintas en la integración de los jurados y en los delitos que juzgan.

La causa está en la Justicia de instrucción nacional donde no hay jurados populares. El juicio por jurados está en la Constitución Nacional pero el Congreso nunca aprobó la ley que la regule para la justicia nacional. Sí lo hicieron varias provincias. Entre ellas, la ciudad de Buenos Aires que en septiembre del año pasado la Legislatura aprobó la ley 6451. Allí se estableció un jurado de 12 ciudadanos que deben decidir la culpabilidad o inocencia del acusado. Es obligatorio para los casos de delitos con una pena igual o superior a 20 años.