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Economía
01/10/2022

Juez EEUU desestima demanda de 10,000 million dlrs de México contra fabricantes de armas

Juez EEUU desestima demanda de 10,000 million dlrs de México contra fabricantes de armas
Un juez federal desestimó el viernes la demanda de 10,000 millones de dólares presentada por México para responsabilizar a fabricantes de armas estadounidenses de facilitar el tráfico de una mortífera avalancha de armas a través de la frontera

La decisión del juez jefe F. Dennis Saylor en el tribunal federal de Boston es una victoria para Smith & Wesson Brands Inc, Sturm, Ruger & Co y otros acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas de asalto de estilo militar que los cárteles podrían utilizar.

Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando la gente usa las armas para el propósito con el que se crearon. También dijo que, aunque la ley contenía varias excepciones puntuales, ninguna se aplicaba.

“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en una decisión de 44 páginas.

La cancillería mexicana y los abogados del país no respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios. Un abogado de Smith & Wesson declinó hacer observaciones al respecto. Los abogados de Sturm, Ruger no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

En su demanda de agosto del 2021, México estimó que el 2.2% de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen como contrabando en México, incluyendo hasta 597,000 armas producidas por los acusados.

México dijo que el contrabando ha sido un factor crucial para empujar al país al tercer puesto mundial en el número de muertes relacionadas con armas. También afirmó sufrir muchos otros perjuicios, como la disminución de la inversión y la actividad económica y también la necesidad realizar un mayor gasto en la aplicación de la ley y seguridad pública.

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