El sujeto, que actuó junto a dos familiares, irrumpió en el local y puso cadenas a los accesos dejando encerrados a la dueña del negocio y a los empleados. Fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional mediante un juicio abreviado en el que reconoció su culpabilidad.

“Se trata de una resolución en tiempo récord, con la condena más rápida que se haya registrado en este nuevo sistema. En menos de 24 horas y gracias a la buena fe de las partes, se llega a una solución sin resignar los intereses de la víctima”, dijo el fiscal Carlos Picón luego de que finalizara  la audiencia multipropósito solicitada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos en el marco de una causa por usurpación y privación ilegítima de la libertad en contra de tres personas por un violento episodio ocurrido ayer, martes 13 de julio, en un minimercado de la Banda del Río Salí.

El sujeto había sido aprehendido ayer a la tarde por personal policial  y de Gendarmería Nacional,  luego de que  dejara encerrados durante más de dos horas a la dueña del comercio y a dos de sus empleados. El acusado se había presentado alrededor de las 15.00 horas en el lugar y, con la ayuda de dos familiares, puso cadenas y candados en las puertas impidiendo la entrada y salida de gente ya que, según afirmó, el inmueble le pertenecía y le había alquilado el mismo de palabra a sus ocupantes que le debían dinero. El Ministerio Fiscal imputó a José Matías Rocha (37) por los delitos de usurpación de una propiedad en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. También formuló cargos contra sus dos familiares (un jubilado de 80 años y una mujer de 29) por considerarlos coautores del ilícito.

Rápida resolución

Luego  de la  imputación, el MPF ofreció una salida alternativa del conflicto penal a través de la formalización de un juicio abreviado en el que Rocha admitió su responsabilidad en los hechos atribuidos. El convenio entre las partes  incluyó una condena de dos años de ejecución condicional,  reglas de conducta y reparación económica para las víctimas que prestaron su conformidad. El juez interviniente declaró admisible los términos del mismo. En el mismo acto, el hombre mayor y la mujer que también estaban acusados accedieron a una suspensión de juicio a prueba que incluyó una indemnización y restricción de acercamiento hacia los damnificados.

“El hecho fue ayer y gracias a la celeridad con la que se trabajó se puede llegar a una sentencia con una pacífica resolución del conflicto”, expresó el fiscal Picón acerca del resultado obtenido.