El TC, de mayoría conservadora, aceptó la petición del Partido Popular, de centro-derecha, de detener la votación de un proyecto de ley que reduce la mayoría necesaria para elegir a los magistrados.

El cambio podría haber supuesto la destitución de algunos jueces conservadores y un giro a la izquierda en el equilibrio de poder en el Tribunal Constitucional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero, dijo que el Gobierno acataría la sentencia, pero que la recurriría.

“Son hechos que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país, pero tampoco de ningún país del espacio institucional europeo”, afirmó Sánchez.

Una intervención de este tipo que impide que los diputados voten una ley que suscita temores sobre el equilibrio de poderes en un país que sólo lleva 44 años en democracia tras la dictadura de Francisco Franco.

Hasta ahora, se necesitaba una mayoría parlamentaria de dos tercios para elegir a los magistrados, lo que ha resultado imposible sin el apoyo del PP.

El Congreso ya había aprobado el proyecto la semana pasada.

Un tercio de los mandatos de los magistrados han expirado y los partidos políticos llevan más de cuatro años sin ponerse de acuerdo sobre los sustitutos. La renovación de los órganos judiciales requiere mayorías cualificadas.

Los representantes del PP celebraron la decisión judicial, y uno de ellos dijo que había ganado el Estado de Derecho.

Pablo Simón, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo que, en su intento de acelerar el nombramiento de jueces, el Gobierno había acabado generando una crisis constitucional e institucional de gran magnitud.

La reforma se sumó a otras enmiendas como la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas por malversación de fondos públicos cuando no haya lucro personal, medidas que, según la oposición, el Gobierno utiliza para conseguir los votos que necesita de los separatistas catalanes para aprobar leyes.