Ayer, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Diego López Ávila, pidió la prórroga de la prisión preventiva por 19 días a la banda liderada por Miguel Antonio “La Gata” Lizárraga con miras al juicio que iniciará el lunes 15 de mayo.

Está acusado por ser jefe de la asociación ilícita y por perpetrar 20 hechos. La pretensión punitiva es de 23 años. También están imputados su hermano y su hijo, Néstor Fabián “Tuta” Lizárraga y Juan de Dios López; Luis Ricardo Carreras; Cristian Nicolás Caro y Walter Ernesto Caro, respectivamente.

Sobre el peligro de fuga (por falta de arraigo), el Fiscal sostuvo que “La Banda” tiene capacidad económica y logística para mantenerse ocultos y que al día de la fecha uno de sus miembros (Mauricio “Lito” Lencina) se encuentra prófugo por lo que se ha dispuesto en su contra la captura nacional.

“La teoría del caso establece que los integrantes poseen dinero en efectivo, joyas y vehículos para movilizarse de una provincia a otra donde luego de cometer los hechos los descartaban y regresaban en otros. Existe un número considerable de personas y de víctimas. Hay evidencias que nos permiten sostener la inteligencia criminal y la sofisticación que utilizaban. La magnitud de los daños a las víctimas representa un parámetro de riesgo de fuga, no sólo por las consecuencias, sino por la capacidad de mantenerse ocultos ante el inicio del juicio el 15 de mayo”, afirmó López Ávila.

Posteriormente, el juez interviniente hizo lugar a lo solicitado por la Fiscalía sin objeciones por parte de los defensores.

En forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a cometer asaltos contra la propiedad, ingresando a inmuebles tanto comerciales como a viviendas que se hallaban temporalmente sin moradores, violentando los ingresos a dichos lugares apoderándose de joyas, dinero en grandes cantidades, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, entre otros, provocando con ello un grave perjuicio patrimonial a las víctimas.

Como medio para lograr esa finalidad, se valían de distintas actividades ilícitas o maniobras, así los integrantes de la asociación procuraban en forma constante y continua obtener automóviles tendientes a ser utilizados como medio de movilidad en esos hechos delictivos, siendo que los rodados generalmente se encontraban registrados a nombre de personas con residencia en otras provincias, como ser Córdoba o Buenos Aires, otros eran adquiridos mediante boletos de compra-venta o mediante una transacción informal (sin documentación o sin efectuar la correspondiente transferencia), o eran registrados como titulares familiares o allegados de los integrantes, o sino utilizaban rodados cuyas patentes habían sido adulteradas y no se correspondían a su dominio (rodados con patentes truchas), todo ello con el afán de dificultar que los miembros de la organización pudieran ser descubiertos.

Luego que los rodados adquiridos habían sido utilizados en algún hecho ilícito cometido por los integrantes de la asociación, los miembros de la misma tenían como parte de su plan criminal, deshacerse de los vehículos, ya sea vendiendo los mismos a otras personas ajenas a la asociación, devolviéndolos de la concesionaria donde habían sido obtenidos o modificando sus características exteriores para evitar que pudieran ser hallados (como ser cambiar el color del polarizado, el color del vehículo, etc.).

Otro de los objetivos delictivos de esta asociación era la utilización de armas de fuego para lograr los desapoderamientos mencionados. Los integrantes de la asociación también perseguían el propósito de actuar con total indiferencia a la autoridad policial, haciendo caso omiso a las órdenes impartidas por los efectivos policiales e incluso atentando contra ellos.