Íñigo Errejón dijo a la prensa el lunes que su partido había llegado a un principio de acuerdo con el Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social para poner fin al programa, que permite a los compradores de propiedades por valor de al menos 500.000 euros (551.650 dólares) y a sus familias obtener permisos de residencia de tres años.

“La ciudadanía española no se compra”, dijo Errejón, que añadió que este tipo de visados habían encarecido “brutalmente” de los precios de la vivienda y obligado a vecinos de algunos lugares a abandonar sus barrios, a la par que no generan nuevos puestos de trabajo.

El Ministerio no ha confirmado ningún plan para poner fin al programa. Un responsable familiarizado con las conversaciones dijo que todavía no se había llegado a ningún acuerdo, ya que el Ministerio seguía estudiando las propuestas presentadas por los partidos políticos.

Más temprano el lunes, el diario El País informó que España estaba considerando endurecer los requisitos para poder solicitar las golden visa.

La Comisión Europea ha instado a los países de la UE a poner fin a los programas que permiten a los inversores obtener la ciudadanía y a endurecer los controles a la hora de expedir permisos de residencia, calificándolos de riesgo para la seguridad y el blanqueo de dinero.

El vecino Portugal anunció en febrero que pondría fin a un programa similar.

Desde el inicio del plan de golden visas en 2013 hasta el pasado mes de noviembre, España expidió casi 5.000 permisos, con los inversores chinos a la cabeza, según datos del Gobierno.

Errejón dijo que estos visados representaban “una especie de puerta de atrás, un privilegio” para los millonarios, lo que convertiría a España en “una colonia que además atrae a menudo dinero negro y no inversiones que generen empleo”.