La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó desde Ginebra su “profunda preocupación” por a la violencia en Cali, donde el viernes murieron 13 personas y decenas resultaron heridas.

Los choques, que involucraron a manifestantes, policías y civiles armados hasta con fusiles, llevaron al presidente a ordenar el despliegue de tropas en esa ciudad, la tercera de Colombia, y en otros puntos del país.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, pidió Bachelet.

Un mes después del estallido que detonó la idea ya descartada del gobierno de subir impuestos en plena pandemia, el país luce fracturado, con una policía muy cuestionada por la represión en las calles y una violencia creciente a manos de civiles.

En este tiempo han muerto al menos 59 personas y hay más de 2.300 heridos, según un conteo efectuado a partir de reporte de autoridades civiles. La mayoría de las víctimas mortales son civiles, aunque también han muerto dos uniformados.

El gobierno de Duque abrió una nueva ronda de discusiones con el Comité de Paro, que reúne a sindicatos, estudiantes e indígenas. Las partes están reunidas en Bogotá tratando de acercar posiciones.

– Reproches y más marchas –

Si bien esta organización no convoca a todos los sectores que están en las calles, se espera que un eventual acuerdo pueda comenzar a desactivar la crisis.

En un comunicado, el Comité del Paro volvió a acusar al gobierno de mantener “un silencio cómplice con el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía (…) al igual que el ataque de grupos civiles que actúan al lado de agentes estatales en contra de quienes ejercemos el derecho a la protesta”.